AYSA: PRIVATIZACION LLAVE EN MANO

Walter Martello sancionó, embargó y auditó desde el ENRE como interventor. Hoy, como Defensor Adjunto bonaerense, mira la venta de AySA con esa experiencia: un fondo sin rostro, un dataroom cerrado y una caja que se paga sola en cuatro años.

(Por HUGO MORENO)- Hay una escena que Walter Martello conoce de memoria, porque la protagonizó. Una distribuidora eléctrica con la concesión en el bolsillo y un prontuario de cortes que dejaron a media ciudad y buena parte del conurbano a oscuras. Un ente regulador que decide, por una vez, ejercer el poder que la ley le confiere. Sanciones que rondaron los 23 mil millones de pesos, cuentas embargadas y una auditoría técnica girada al Congreso para sostener que estaban dadas las condiciones para quitarle la concesión a Edesur. Todo eso hizo Martello cuando fue interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Lo que vino después es lo que hoy le sirve de lente para mirar la privatización de AySA.

Según su relato, el desenlace tuvo algo de fábula con moraleja. La empresa, de capitales italianos, anunció que se iba del país y Martello vio ahí una oportunidad: que el Estado comprara una parte de las acciones y la salida no fuera vivida como un trauma. No hubo caso. Con Javier Milei ya en el poder, en una reunión en el aeropuerto de Ezeiza, en ocasión del primer viaje al exterior del Presidente junto al ministro Luis Caputo, los representantes del grupo escucharon una invitación: quédense, que vienen mejores condiciones. Mejores condiciones. La frase merece subrayarse, porque deja una pregunta que atraviesa toda la conversación: ¿mejores para quién?

Con esa credencial (haber sancionado, embargado y documentado desde adentro del sistema regulatorio) Martello, hoy Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, analiza lo que está pasando con la empresa de agua y saneamiento que abastece a unos 15 millones de personas en el AMBA, es decir, conurbano y Ciudad de Buenos Aires. La misma que fue reestatizada después de la experiencia fallida con capitales franceses durante la ola privatizadora de los noventa.

El jueves pasado se abrieron los sobres. La oferta más alta, de un consorcio que integran Rowing (del grupo Román), Transclor (de Mauricio Filiberti, proveedor de la propia AySA), la brasileña Arcos Saneamiento y un fondo radicado en Curazao llamado Phoenix, fue de 340 millones de dólares, a los que se suman unos 70 millones de deuda que el grupo asumiría. El Gobierno había estimado 500. En segundo lugar quedó Roggio, con 280 millones y con más experiencia en la prestación del servicio en el país. El premio: se trata de una explotación por 30 años.

El dato que más inquieta a Martello es otro: el fondo de Curazao tendría el 55% de la sociedad, o sea que sería el controlante, y “al día de hoy no sabemos quién es”, se manifestó inquietante. Una empresa esencial para la vida cotidiana de millones de argentinos, con un dueño mayoritario sin nombre ni rostro. No es un detalle menor (o incoloro como el agua): es la definición misma de lo que un regulador necesita saber antes de firmar.

El segundo problema, explica, es de método. Desde que se publicó el decreto de privatización, la documentación estuvo encerrada en un dataroom, un sistema cerrado donde se vuelcan las valuaciones, las obras previstas, las tarifas, el horizonte completo del negocio, al que solo accedieron los oferentes. La publicidad de las condiciones, recuerda, es el requisito elemental de cualquier licitación. Su equipo presentó un pedido de acceso a la información pública y todavía espera respuesta. Después interpuso un recurso en la justicia federal, como vecino y usuario del servicio, que también fue denegado.

“Yo creo que todo el proceso va a ser revisable”  (Walter Martello)

¿Hay una ley violada? Martello es prudente con la categoría jurídica y firme con el pronóstico: todo el proceso, anticipa, será revisable. Menciona la figura de la lesividad, el mecanismo por el cual el propio Estado puede intentar anular un acto administrativo propio cuando considera que lo perjudica. Una herramienta de nombre feo, de aguas turbias y consecuencias potentes, que quizá algún día tenga mucho trabajo.

Hay otro capítulo, en el que la letra chica pesa más que la grande. Mientras corría el proceso se convocó a una audiencia pública para reconfigurar el sistema de facturación, que pasará a ser por zonas. El esquema anterior regía desde 1967 y bien podría discutirse su actualización: Martello no lo niega. Pero señala la coincidencia de que el trámite empezara hace tres meses y de que el cambio genere, según el propio ente regulador (ERAS), un flujo de caja adicional de unos 93 millones de dólares anuales, unos 140 mil millones de pesos.

Hagamos la cuenta que Martello deja picando. La oferta es de 340 millones. El flujo adicional, de 93 por año. En unos cuatro años, el incremento tarifario cubre el precio que se pagó por la empresa. Desde el oficialismo responden que parte de ese dinero irá a la tarifa social, la de los usuarios que no pueden pagar, y el resto a obras que no estaban en el pliego original. Martello contesta con una lógica de economía elemental, la del apalancamiento: con un flujo anual garantizado de esa magnitud, la empresa tiene una capacidad para pedir créditos mucho mayor que el valor por el cual fue comprada. Y sobre el destino de los fondos agrega un matiz inquietante: ni siquiera está cuantificado, porque los “números finos” siguen fuera de su alcance.

Mientras tanto, la factura. Según el ERAS, a cerca del 55 o 56% de los usuarios la tarifa les subirá entre el 16 y el 26%. Al 22% le quedará igual y para el 20% restante habrá una leve baja. Desde que asumió Milei, calcula Martello, el agua aumentó 628%: se paga siete veces más que antes. Y vienen ajustes mensuales atados a un índice que, dice, termina siendo siempre un poquito superior a la inflación.

El tercer eje es la concentración. Filiberti es socio de Edenor, junto a José Luis Manzano y Daniel Vila, a través de Edelcos, el vehículo que controla la distribuidora. Manzano y Filiberti, por su lado, compraron la participación mayoritaria de YPF en Metrogas. Ahora Filiberti, asociado con los Román, va por AySA. Los Román, a su vez, se quedaron con parte de la hidrovía y, según entiende Martello, buscan una distribuidora eléctrica en Tucumán. Electricidad, gas y agua en el mismo conglomerado urbano, administradas por grupos interconectados: “no creo que exista en ningún lugar del mundo”, afirma. Se pregunta quién será el interlocutor del próximo presidente cuando tenga que discutir el futuro de los servicios públicos del AMBA: seguramente, las mismas personas.

Martello no cree que se trate de un mero episodio de política económica. Lo ve como la irrupción de nuevos actores empresariales que vienen por la segunda parte de los noventa.

¿Existe una norma que lo prohíba? No, admite. Pero sostiene que la defensa de la competencia debería tomar nota, aun cuando el Gobierno viene desmantelando esas áreas. A la lista se suma un dato de la política: los Román, recuerda Martello, fueron aportantes de la campaña electoral de Milei en 2025. No lo hizo el consorcio que se presentó a la licitación, sino dos empresas asociadas al grupo, entre ellas Urbano S.A., con 20 millones de pesos cada una, 40 en total. La conversación se detuvo en la pregunta que cualquiera haría: ¿esto está permitido? Queda para quienes tengan la obligación de responderla.

Martello no cree que se trate de un mero episodio de política económica. Lo ve como la irrupción de nuevos actores empresariales que vienen por la segunda parte de los noventa, una camada que no se dedicaba a esto y que es favorecida por medidas gubernamentales. Lo dice con una imagen: si pasara por aquí el fantasma de Roberto Dromi, el arquitecto de las privatizaciones menemistas, diría que esto es un escándalo. Y la comparación no es un elogio a Dromi, sino una constatación amarga: al menos tuvo la delicadeza de crear entes reguladores, cuyo funcionamiento puede discutirse, pero que existían. Ahora esos entes se disuelven o se fusionan, como ocurrió con el ENRE y el ENERGAS, mientras el sistema se reordena para recibir a los nuevos jugadores.

“Si pasara Roberto Dromi por aquí, el fantasma de él, diría: esto es un escándalo”  (Walter Martello)

La conversación Martello deja una pregunta de fondo, que excede a AySA: ¿tiene sentido seguir fabricando mercados donde no los hay? Un servicio esencial, con red única y usuarios cautivos, no compite: concentra. Lo que se promete como competencia termina siendo, otra vez, el monopolio que antes tenía el Estado, pero en manos privadas y sin la obligación de rendir cuentas ante nadie en particular. Y esa es, quizá, la lección más clara de un trabajo como el de Martello: quien se sentó del lado del Estado cuando intentó disciplinar a una concesionaria sabe cuánto cuesta hacerlo, y cuánto más cuesta cuando los regulados dejan de ser un problema para volverse invitados de honor.

Falta saber cómo termina. Martello lo dice sin dramatismo: todo es revisable, y lo que ocurra en los próximos años dependerá también de los vientos políticos. En materia de servicios públicos, la historia argentina enseña que las concesiones se firman con sonrisas y se pagan, años después, en la factura de cada hogar.