CARA, CECA Y CONJUECES, a propósito de los cortesanos

La Corte revirtió en ocho días hábiles su propio fallo sobre la Ley de Tierras, y lo hizo a pocos días de una sesión que podía dejar al Gobierno sin su decreto madre. Entre dos conjueces y un voto en soledad, la Justicia volvió a jugar a cara o ceca.

Por HUGO MORENO (*)- Hay decisiones judiciales que se parecen demasiado al lanzamiento de una (o varias) moneda(s): giran en el aire, brillan bajo los flashes y, cuando por fin caen, nadie sabe si salió cara o ceca, aunque todos sospechan quién había apostado a cada lado. Así ocurrió esta semana en Tribunales. 

El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. Ocho días hábiles después, dictó una cautelar interina que suspende esa misma derogación y vuelve a poner en vigencia la ley 26.737. La moneda estuvo en el aire. Y cayó, casualidad o no, del lado que mejor le viene al oficialismo en el calendario.

Repasemos los hechos. En la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, el máximo tribunal dejó sin efecto el fallo que había tumbado el artículo 154 del DNU 70/2023, el que borró de un plumazo las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. No analizó si el decreto era constitucional. Resolvió que el CECIM no tenía legitimación para litigar. Fue un portazo procesal con consecuencias políticas enormes: la derogación quedaba en pie y la indignación social se desparramó por las plazas y por las redes, con una protesta frente a Tribunales, la de los "Cortesanos, la de los "Supremos".

Diez días después llegó el segundo acto. En un expediente conexo, el amparo colectivo de la asociación civil Árbol de Pie, que cuenta entre sus accionantes a la legisladora rionegrina Magdalena Odarda y a comunidades indígenas, la Corte resolvió devolver la causa al Juzgado Federal de Bariloche. Pero antes de hacerlo suspendió provisoriamente la derogación, hasta que el juez de primera instancia defina quién tiene legitimación y qué hacer con la cautelar pedida. Los fundamentos eran otros: ya no solo la soberanía, también la protección del ambiente. Y el propio tribunal se ocupó de aclarar que esto no modifica el criterio de CECIM. O sea: dijo lo contrario sin admitir que se desdecía.

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“Una cautelar no es una sentencia: la Ley de Tierras vuelve a regir, pero el debate de fondo sigue abierto y la próxima jugada la tienen la calle, el Congreso y las provincias”.

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El contexto es lo que importa. El jueves 15 está convocada en Diputados una sesión para discutir todo el articulado del DNU 70/2023, el decreto madre del programa del gobierno libertario, apoyado por diputados aliados, los "hèroes" que ajasajó Milei con un asado. Con la Ley de Tierras otra vez vigente, el oficialismo llega a esa cita sin uno de sus flancos más sensibles, el que mejor conecta con la calle, con las provincias y con una idea de soberanía que atraviesa a casi todas las fuerzas. Esa es la lectura que circula entre legisladores y juristas: la Corte habría detectado el riesgo de que el almanaque la arrastrara a una escena adversa para el Poder Ejecutivo y decidió moverse antes de que lo hiciera el Congreso.

No son opiniones neutrales, claro. El diputado Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, sostuvo que no existe Corte en el mundo que corrija su propio fallo en nueve días y recordó que ya lo hizo con el 2x1. El exdiputado Leopoldo Moreau fue más lejos: dijo que el tribunal quedó enredado en sus propias torpezas, que primero falló de una manera y a la semana de otra para evitarle a Javier Milei una derrota en el Parlamento, y que sus integrantes dan “vergüenza ajena”. Son voces de la oposición y corresponde leerlas como tales: no hay, hasta hoy, prueba de acuerdo alguno, entre el Ejecutivo . Lo que sí está probado es la secuencia. Y la secuencia habla sola.

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"Dos votos de ministros y dos de reemplazantes: una mayoría armada con piezas de repuesto para sostener una medida que toca la soberanía territorial de la Nación".

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Pero hay otro dato que pesa tanto como el calendario y que casi no se comentó: cómo se armó la mayoría. La resolución fue votada por cuatro: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, convocados para formar mayoría ante la disidencia de Carlos Rosenkrantz. Dos votos de ministros y dos de reemplazantes: una mayoría armada con piezas de repuesto para sostener una medida que toca la soberanía territorial de la Nación. Que una definición de esta magnitud dependa de magistrados llamados para completar un resultado dice mucho de la fragilidad del tribunal.

Del otro lado quedó Rosenkrantz, solo. Coincidió en que el expediente debía volver a Bariloche, pero se negó a suspender la derogación: sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar una cautelar cuando ninguna instancia inferior se había pronunciado, que hacerlo equivalía a ejercer una competencia originaria que la Constitución no le concede, y que la demanda ni siquiera explicaba qué relación habría entre la nacionalidad de un propietario y un daño ambiental. Y agregó una advertencia: el malestar social por el fallo anterior no justifica decidir lo que las leyes no permiten, porque así solo se “debilitará la confiabilidad del Poder Judicial”.

La paradoja es notable. El único voto en disidencia de esta Corte queda, en esta escena, como el defensor de la prolijidad procesal, y sus pares, como los intérpretes del humor social. Dos votos unidos en una jugada audaz, uno solo aferrado al manual. Y detrás, la pregunta incómoda de siempre: cuánto de lo que se escribe en los fallos es derecho y cuánto es lectura de clima.

No es la primera vez que este tribunal se enreda con el termómetro social. En 2017, el fallo Muiña abrió la puerta al cómputo del 2x1 para condenados por crímenes de lesa humanidad. La respuesta fue una movilización multitudinaria y una ley del Congreso que cerró el camino. Valdés lo recordó, y Carlos Tomada también: ven en esta marcha atrás una señal de que la Corte escucha a la calle, aunque sea tarde y a regañadientes. El exministro de Trabajo fue más allá y cree que el episodio fortalece el reclamo de la CGT contra la reforma laboral que contiene el DNU 70.

Conviene, sin embargo, enfriar el entusiasmo. La cautelar es provisoria y no resuelve si la derogación de la Ley de Tierras por decreto es constitucional. Ese debate de fondo sigue abierto y depende ahora del juzgado de Bariloche. La ley 26.737 vuelve a regir, con sus límites conocidos: un máximo del 15 por ciento de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, un tope por nacionalidad, mil hectáreas en la zona núcleo por titular extranjero y restricciones sobre cuerpos de agua y zonas de frontera. Rige hoy, sí, y eso importa mucho. Mañana, según cómo caiga la moneda, puede dejar de regir.

Mientras tanto, la política territorial se mueve por fuera de Tribunales. El viernes 2 de octubre, el gobernador misionero Hugo Passalacqua firmó el decreto 1935 que ordena iniciar acciones judiciales para frenar la venta indiscriminada de tierras a extranjeros. En estos días, el pampeano Sergio Ziliotto envió a la Legislatura un proyecto de ley de tierras rurales que prohíbe vender campos con recursos naturales estratégicos a personas físicas y jurídicas extranjeras, y que impide que Estados foráneos o empresas con participación estatal de otro país sean titulares de propiedades rurales. Son competencias acotadas, pero con un mensaje nítido: los gobernadores saben qué está en juego.

Quedan, entonces, dos lecciones. La primera es para el Gobierno: un decreto puede cambiar el texto de una ley, pero no la sensibilidad de una sociedad que sigue sintiendo la tierra como patrimonio común. La segunda es para la oposición y para las organizaciones sociales: la calle sirvió, pero una victoria provisoria no es una victoria. El jueves 15, el Congreso tiene la oportunidad de discutir el DNU 70/2023 completo, sin atajos ni cautelares que descompriman el ambiente.

Cara, ceca y conjueces: así se resume esta semana judicial argentina. La vida, la política y los fallos tienen algo de moneda lanzada al aire, pero las monedas no caen solas: las impulsa una mano, las empuja un clima, las mira un país entero conteniendo el aliento. Esta vez cayó del lado de la tierra. Falta ver si en el próximo giro alguien se acuerda de que con lo que es de todos no se juega a cara o ceca.

(*) Director Ejecutivo del IAPP (Instituto de Análisis y Propuestas Públicas).