CIUDADANIA SE VENDE

El Gobierno anunció en París que el pasaporte argentino se puede obtener desde USD 350.000, sin pisar el país. Detrás de la oferta hay un DNU, controles por probar y una pregunta de fondo: ¿qué se vende cuando se vende ciudadanía?

Por HUGO MORENO (*) – Un día después de que Luis Caputo le dijera a un auditorio de unas 700 personas en París que "el único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir", el Gobierno completó el mensaje con una lista de precios. Diego Santilli, oficializado como jefe de Gabinete a fines de junio, y el ministro de Economía presentaron el Programa de Ciudadanía por Inversión. Traducido: ciudadanía argentina a cambio de aportes en efectivo o de bonos del Estado, en un país agobiado por la deuda. El Pasaporte Dorado (como la Tarjeta Gold) ya tiene vendedor, tarifario y hasta anuncio con corbata. 

Los números, para que nadie diga que no hubo claridad (?). Hay dos caminos: una contribución no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o un bono de 800.000 que deberá mantenerse siete años. Cónyuge e hijos entre 18 y 25 años pagan 100.000 dólares más cada uno, y los menores de 18, 25.000. Es decir, hay una oferta, porque estamos de remate: una familia con dos hijos chicos será argentina por la módica suma de medio millón de dólares (350+100+25+25). A su vez, Santilli dijo que el país "abre sus brazos", pero no dijo que extiende sus manos para recibir los dólares. 

Lo más elocuente lo dijo alguien del lado oficial. Eric Major, director ejecutivo de una empresa de Malta que asesora al Gobierno en el tema, predijo que la gran mayoría elegirá donar antes que comprar el bono, por el largo historial de impagos de Argentina. Es decir: el propio consultor del programa da por sentado que ningún inversor serio quiere tener deuda argentina siete años, pero sí ve valor en ser argentino. Vender la ciudadanía resulta más fácil que vender los bonos. 

Hay otra pieza que no es detalle: el programa no exige pasar tiempo alguno en el país. El camino ordinario pide dos años de residencia. Acá alcanza con una transferencia. Y no se trata de un souvenir: la ciudadanía trae derechos políticos y civiles. La pregunta es de manual y el Gobierno parece no haberla escuchado, o tal vez nadie se lo ha preguntado: ¿qué vínculo con la Argentina se les exige a los nuevos argentinos, además del pago?. 

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"Ciudadanía por Inversión: Abrir los brazos. Extender las manos. Y  cobrar "

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Pasemos a la letra chica, esa que en las giras no se lee. Los decretos 366/2025 y 524/2025 crearon la vía y el organismo, pero dejaron el monto de la inversión en manos del Ministerio de Economía, léase en manos de Luis Caputo. Es decir: una política que modifica quién es argentino nació sin pasar por el Congreso. O sea: DNI por DNU. Más aun: según un análisis previo al anuncio, el artículo 2 bis habla de inversión y no prevé una donación no reembolsable. Y un pago de 350.000 dólares que el Estado no devuelve se parece más a un arancel de ingreso que a una inversión. Llamar "inversión" a lo que es una tasa no es un error de redacción: es una estrategia de marketing. Lo cierto es que, hasta ahora, no apareció la norma que oficialice los montos anunciados, ni siquiera en el Boletón Oficial.

Un dato para tener en cuenta, el programa sería el primero de este tipo en Sudamérica y también el primero en un país del G20. La propuesta apunta a personas con un elevado patrimonio que, además de buscar oportunidades de inversión o residencia en otros países, comenzaron a considerar una segunda ciudadanía como una suerte de “plan B” frente a escenarios de inestabilidad política, económica o geopolítica.

Después viene el capítulo de los controles, el favorito de los comunicados. La evaluación estará a cargo de una nueva Agencia, con participación de la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad y del Interior, y la decisión final será de Migraciones. Suena sólido. Pero el GAFI, el organismo mundial contra el lavado de dinero, advirtió que los delincuentes explotan estos programas para ocultar sus identidades y lavar riqueza ilícita. Un sistema que se financia con cada aprobación tiene, por diseño, un incentivo para aprobar. La pregunta que nadie respondió es quién controla a los controladores.

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"Una cosa es atraer inversiones; otra, ponerle precio a ser argentino."

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Luego está el activo que se pone en la vidriera. Caputo destacó que el pasaporte argentino es aceptado sin visa previa en más de 140 países. Ese prestigio no lo fabricó una consultora: lo sostienen generaciones de argentinos que viajan, estudian y trabajan afuera. Y programas de este tipo han llevado a otros gobiernos a revocar el acceso sin visa a todos los titulares de pasaportes de un país. Si eso pasara, el costo lo pagaría quien no vendió nada. Los defensores del esquema, mientras tanto, explican que el tamaño y la calidad de vida del país justifican un precio más alto que el de los programas del Caribe. Es la lógica de la góndola: más caro porque es mejor. 

El contexto completa la escena. El gobierno de Javier Milei informó que consiguió anuncios (y no certeza) de inversión privada por U$S 27.000 millones durante la Argentina Week. El monto fue comunicado por Ian Sielecki, embajador argentino en Francia y uno de los organizadores del evento, quien destacó los acuerdos alcanzados con distintas empresas y los nuevos proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El anuncio incluye una inversión de 10.000 millones de dólares de TotalEnergies. Todo muy auspicioso, aplaudible, pero todo parece resumirse a un programa como "un canal más a través del cual podremos vender el país al mundo". Vender el país; y esta vez no se estaría pareciendo a una metáfora de la oposición. 

La respuesta política no demoró. El diputado Agustín Rossi anunció que presentará un proyecto de ley para prohibir el mecanismo y sostuvo que "ser argentino no tiene precio"; además lo vinculó con la extranjerización de tierras. Se podrá coincidir o no con el diputado. Lo que no admite discusión es que la nacionalidad no puede ser materia de un decreto firmado entre gira y gira.  Otra vez, DNI x DNU. 

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Si el Gobierno está tan seguro de su programa, nada le costaría someterlo a reglas mínimas. Que lo discuta el Congreso, porque ahí está el debate sobre quién es argentino. Que publique en el Boletín Oficial los montos y los criterios antes de recibir la primera solicitud. Que exista un registro público de quién fue aprobado, por cuánto y con qué antecedentes. Que haya una auditoría que no dependa de quien cobra. Que se informe adónde van los dólares y para qué. Y que se prevea qué pasa si otros países empiezan a mirar con desconfianza el pasaporte que hoy se "ofrece en oferta". Son exigencias elementales. El que no las quiere es porque algo le incomoda ( o esconde).

Hace poco hablábamos en este mismo espacio del hambre que sobra. Esta semana la escena cambia de decorado, pero no de lógica: uno de cada tres argentinos vive en la pobreza y el Gobierno elige invertir su tiempo en abrir una ventanilla para extranjeros con dólares; mientras la Corte, los "Supremos" habilitan la extrajerización de tierras avalndo el DNU 70/2023. El pasaporte se puede vender, de puede anunciar desde París. Lo que no se puede vender, a ningún precio, es el debate sobre quién decide qué es ser argentino. Ese debate se debe dar en el Congreso, y con luz. No a oscuras y en la soledad de un DNU. La autocracia no puede ser la lógica para decidir quién es argentino o argentina. 

(*) Director Ejecutivo del IAPP (Instituto de Análisis y Propuestas Públicas)