Mientras la Cámara de Diputados avala blindajes financieros, blanqueos fiscales y la perpetuación de la cúpula del Banco Central, la oposición articula una agenda urgente para aliviar la asfixia de millones de argentinos. En paralelo, el relato oficial cruje cuando Caputo invoca la "justicia social".

(HUGO MORENO - 30/08/2026)- La política argentina transita por estas horas una de sus radiografías más impúdicas y transparentes de los últimos tiempos. Lo ocurrido esta semana en el Congreso de la Nación no hace más que ratificar una matriz estructural que se consolida día a día: un gobierno nacional dispuesto a entregar las herramientas del Estado y a blindar los privilegios de los sectores concentrados de poder, del establishment y del círculo rojo, mientras aplica una motosierra impiadosa sobre el tejido productivo PyME, los comerciantes y los bolsillos de las grandes mayorías populares.

La reciente sesión en la Cámara de Diputados dejó un saldo por demás elocuente. Con la sanción de dos proyectos clave impulsados por el Poder Ejecutivo —la denominada Inocencia Fiscal II y la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central—, el oficialismo consumó una nueva muestra de sumisión ante el poder financiero internacional y local, desandando a velocidad supersónica discursos de campaña que hoy envejecieron peor que un billete arrugado.

"La motosierra y el equilibrio fiscal son dogmas inflexibles para los trabajadores y las PyMEs, pero se transforman en generosas amnesias cuando se trata de premiar al capital concentrado".

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Detengámonos un instante en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es imposible no evocar las toneladas de tinta digital, los gritos desaforados y las promesas mesiánicas de campaña del propio Presidente de la Nación, quien pregonaba a los cuatro vientos la necesidad urgente de "dinamitar" la entidad monetaria por considerarla el nido de todos los males inflacionarios. El tiempo, juez implacable de los impostores, demostró que aquel fuego de artificio discursivo era apenas un eslogan marketinero. Hoy, lejos de dinamitar nada, el Ejecutivo impulsa cambios normativos a su medida para blindar y perpetuar al actual presidente de la institución. Las convicciones duran exactamente lo que tardan en conseguirse los votos y los guiños de la banca internacional. La casta, esa entelequia dialéctica tan mentada, se reconfigura y se perpetúa cuando los socios del poder real necesitan garantías de impunidad y continuidad en el manejo de las reservas y la política cambiaria.

A este traje a medida se le sumó la llamada Inocencia Fiscal II, un blanqueo encubierto y un manto de impunidad tributaria para aquellos sectores que históricamente han evadido al fisco, fugado divisas y eludido sus responsabilidades con la Patria. Mientras al jubilado se le exige equilibrio fiscal con el bisturí, al almacenero, al industrial PyME y al monotributista se les ahoga con tarifas imposibles, presión tributaria asfixiante y una caída libre del consumo interno, para los grandes evasores hay alfombra roja, perdón y blanqueo. La contradicción es obscena y roza el cinismo político.

"Hacer política para los poderosos es fácil; gobernar para el pueblo requiere sensibilidad, coraje y la decisión inclaudicable de defender la producción nacional".

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Sin embargo, la dinámica institucional no se agota en la prepotencia de los números oficialistas en el recinto. La oposición nucleada en el campo nacional y popular, junto a sectores heterogéneos que empiezan a percibir el desastre social en sus propios distritos, logró articular una jugada estratégica de alta relevancia: la convocatoria a una sesión especial para el próximo 9 de septiembre. El objetivo central es poner sobre la mesa y debatir proyectos legislativos concretos orientados a resolver la angustiante morosidad que ahoga a millones de argentinos, a los hogares endeudados para poder comer, y a los comercios de cercanía que bajan las persianas definitivamente.

Esta convocatoria no es un hecho menor. Marca una línea de demarcación nítida entre dos modelos de país. Por un lado, la hipercolaboración gubernamental con el establishment, los formadores de precios y los especuladores financieros; por el otro, la urgencia de un Estado presente que actúe como red de contención frente al colapso. ¿Cómo se explica, si no es por una profunda asimetría ideológica, que el Estado despliegue toda su ingeniería jurídica para salvar a los grandes jugadores económicos y, simultáneamente, abandone a su suerte a las pequeñas y medianas empresas del conurbano bonaerense y del interior del país, que son las verdaderas columnas vertebrales de la generación de empleo genuino?

En el conurbano bonaerense —allí donde las barriadas populares y los centros comerciales de distrito sienten el rigor cotidiano del ajuste— la postal es desoladora. Las persianas bajas se multiplican, las familias hacen malabares imposibles para pagar los servicios públicos y la comida, y el crédito se ha transformado en una trampa mortal de usura legalizada. Frente a este panorama, la sesión del 9 de septiembre se perfila como un espacio indispensable para empezar a ponerle un freno institucional al desguace.

LUIS CAPUTO |  MIN. DE ECONOMÍA - AMIGO Y SOCIO DE SANTIAGO BAUSILI, PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL. FUNDARON LA CONSULTORA ANKER Latinoamérica.

Y es aquí donde el sainete político alcanza ribetes tragicómicos, corporificados en la figura del ministro de Economía, Luis Caputo. Resulta por demás grotesco escuchar al artífice principal de este ajuste salvaje invocar públicamente la "justicia social". Sí, leyó bien: Caputo hablando de justicia social. El mismo ministro que ejecuta las órdenes de un Presidente que ha manifestado reiteradamente, casi con fanatismo patológico, que "aborrece" la justicia social por considerarla un robo y una aberración conceptual. ¿En qué quedamos? ¿Es la justicia social un valor a rescatar cuando los números fiscales no cierran y el descontento popular amenaza con desbordar las previsiones del relato, o sigue siendo mala palabra? La pirueta semántica del ministro no es un lapsus; es la desesperación de un equipo económico que percibe que la calle ya no compra espejitos de colores y que el andamiaje ideológico del libertarianismo dogmático hace agua por los cuatro costados.

"La justicia social no es una aberración ni un concepto abstracto:

es la única herramienta ética para evitar que la libertad de los poderosos

sea la condena de las mayorías".

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Utilizar la "justicia social" como latiguillo marketinero mientras se licuan los salarios, se destruyen las jubilaciones y se desfinancia a las provincias y a los municipios es una falta de respeto intelectual a la ciudadanía. La justicia social no es un eslogan publicitario que se esgrime según la conveniencia de los mercados; es el principio ordenador de una sociedad justa, equitativa y soberana.

Los argentinos, y en particular los bonaerenses que cotidianamente sostenemos la rueda de la producción y el trabajo en nuestros distritos, no necesitamos consignas cínicas ni blanqueos para pocos. Necesitamos un Estado que interprete que la patria es el otro, que la macroeconomía no puede servir si destroza la microeconomía familiar, y que la política recupere su sentido transformador.

La semana que viene, en esa sesión clave del 9 de septiembre, se jugará una pulseada que va mucho más allá de los números parlamentarios. Estará en juego la dignidad de millones de deudores, la supervivencia de miles de PyMEs y la demostración cabal de que el campo nacional y popular está de pie, articulando alternativas y marcando el rumbo. Porque gobernar para el círculo rojo es fácil; lo verdaderamente patriótico, humano y necesario es reconstruir la esperanza desde el dolor y la lucha de las mayorías.