Por
Hugo Moreno
Editorial | EL COSTO DE GOBERNAR CONTRA LAS MAYORIAS
Vetos, resistencias y el costo de gobernar contra las mayorías. Una semana política que estuvo marcada por un hecho que, lejos de ser menor, desnuda el nivel de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. En ambas cámaras, las mayorías legislativas rechazaron los vetos presidenciales de Javier Milei a tres leyes claves: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la emergencia en discapacidad y el refuerzo presupuestario para las universidades públicas.
(Semana #32)- El oficialismo, minoritario y aislado, vio cómo sus aliados ocasionales también se corrían frente a la presión social y territorial. En el Senado, el revés fue contundente; en Diputados, se repitió el escenario: votaciones amplias en favor de restituir los proyectos tal como habían sido sancionados.
En un clima de creciente tensión política, el Congreso Nacional vivió esta semana uno de los capítulos más intensos desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados avanzaron en la reversión de tres vetos clave del Poder Ejecutivo: el aumento de las jubilaciones por encima de la fórmula oficial, la declaración de la emergencia en discapacidad y la ampliación del presupuesto para universidades nacionales.
Así, el presidente respondió a la derrota legislativa con un mensaje firme y sin concesiones, defendiendo sus vetos como defensa del equilibrio fiscal y anticipando que podría judicializar cualquier intento de insistencia por parte del Congreso.
► Los números del debate
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó el impacto fiscal de las tres leyes que motivaron los vetos presidenciales: Aumento de jubilaciones: $2,1 billones; Emergencia en discapacidad: $0,48 billones; Universidades públicas: $0,37 billones. En total, el costo asciende a casi $3 billones. Dicho de esta manera es una cosa, pero te presento el impacto desde una visión sobre el Producto Bruto Interno:
► La calle también habló
Mientras tanto, en las calles, se vivió una de las marchas más emotivas de los últimos tiempos: organizaciones de personas con discapacidad, familiares y trabajadores de la salud coparon Plaza de Mayo para exigir la declaración de emergencia. Fue un reclamo transversal, con pañuelos blancos, sillas de ruedas y carteles que interpelaban directamente a la Casa Rosada: “No somos un gasto”.
A este clima de movilización se sumó el jueves la tradicional marcha de San Cayetano, que volvió a unir a organizaciones sociales y sindicatos bajo el lema “Paz, pan, tierra, techo y trabajo”. En una procesión que se extendió desde Liniers hasta el Santuario, los reclamos por salarios dignos, empleo formal y asistencia a los comedores populares se mezclaron con las plegarias por un país sin hambre. Durante la homilía, el arzobispo Jorge García Cuerva advirtió que “no se construye la paz dejando a millones afuera” y pidió a las autoridades “escuchar el clamor de los que menos tienen”.
► La cadena nacional de Milei
La reacción presidencial no se hizo esperar. En una cadena nacional grabada y transmitida el viernes por la noche, Milei acusó a legisladores y gobernadores de “hipocresía fiscal” y advirtió que “no habrá cheques en blanco”. Defendió los vetos como un “acto de responsabilidad” frente a lo que describió como “un festival de gasto” impulsado por la oposición. Sin embargo, los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) muestran que las medidas aprobadas están lejos de ser inviables.
Así, Milei se preparó para defender su política de motosierra y la decisión de vetar las leyes, argumentando que implicarían “un descalabro fiscal” y pondrían en riesgo “el equilibrio logrado tras meses de sacrificio”. Milei volvió a acusar a la “casta legislativa” de “dinamitar el ajuste” y ratificó que no promulgará ninguna ley que implique “aumentar el gasto sin indicar de dónde recortar”, pensando desesperadamente en caer en la justicia, esa que parece estar preparada para sus "pedidos a la carta".
► Una pulseada abierta
Lo que se juega no es solamente un número en el presupuesto: es el sentido mismo de las prioridades del Estado. Mientras el Gobierno insiste en que cualquier expansión del gasto es una amenaza al equilibrio fiscal, una mayoría política y social sostiene que, sin estos recursos, millones de argentinos quedan expuestos a la exclusión y la precariedad.
La semana deja claro que la tensión institucional no cederá. Y que, en este pulso, el costo político de gobernar contra las mayorías puede terminar siendo más alto que cualquier cifra en el Excel del ajuste.