Por
Hugo Moreno
Editorial | EL COSTO DEL CAOS y EL PRECIO DE LA ENTREGA
La crisis política que se desató tras las elecciones legislativas expuso la fractura interna del oficialismo. Sin plan económico integral, supeditado en el salvataje financiero y con una agenda dictada desde el exterior, la administración de Milei profundiza el ajuste y acelera un proceso de deterioro institucional que amenaza la convivencia democrática.
(SEMANA #45)- La semana posterior a las elecciones legislativas deja un saldo que supera cualquier escenario de crisis. Lejos de mostrar control y previsibilidad, el Gobierno terminó hundido en su propio desorden: con una conducción política sin brújula, sin horizonte económico y con una soledad institucional que deja sin ropas el experimento ideológico libertario.
El plan de ajuste sigue en marcha, pero ahora se impone por decreto, por coerción y por omisión del debate democrático. Para blindar ese ajuste, el gobierno tienen decidido avanzar sobre los gobernadores, siendo el puente entre el Ejecutivo y los diputados y senadores. Cooptar a los gobernadores con dádivas, es comprar voluntades en ambas Cámaras, y ese el objetivo mientras espera la nueva composición de Diputados para, por ejemplo: las reformas laboral, tributaria y previsional. En definitiva, la gestión se vacía de contenido político y se convierte en una maquinaria de imposiciones al servicio de los acreedores externos y de los intereses geopolíticos que garantizan el tutelaje financiero.
I. La fractura del poder: del relato al desconcierto
La renuncia de Guillermo Francos y Lisandro Catalán desarticuló lo poco que quedaba del “puente político” entre la Casa Rosada y los gobernadores. Fue más que una crisis de gabinete: fue la confirmación de que el poder se ha concentrado en un núcleo cerrado, impermeable a la realidad social y política del país.
El ascenso de Manuel Adorni a Jefe de Gabinete sintetiza la prioridad del Ejecutivo: comunicación y obediencia antes que gestión y diálogo. Así es como el Gobierno ha demostrado que le incomoda la política y que, al reemplazarla por la propaganda, solo puede garantizar una escalada de conflictos institucionales.
Detrás de esta deriva late una lógica de subordinación. La estabilidad cambiaria preelectoral se sostuvo en un Swap de divisas con el Tesoro de Estados Unidos que compromete la soberanía económica y ata el destino nacional a los dictados del capital financiero. El costo del ajuste es, en definitiva, el precio de la entrega.
No obstante, el propio Milei lo sella con sus dichos: “El Tesoro estadounidense intervino cuando vio una oportunidad de negocio”. Muy claro, y sin mentiras.
II. El ajuste silencioso: asfixia federal y miseria decretada
Mientras el relato presidencial insiste en el “orden macroeconómico”, el ajuste avanza sobre la vida cotidiana y sobre la estructura federal del país. La prórroga del Presupuesto 2025 para el ejercicio 2026 sería el mecanismo técnico de una decisión política: licuar los recursos de las provincias y condicionar su autonomía a la obediencia fiscal. Se suspenden obras, se desfinancian programas sociales y se vacían las partidas de salud y educación. Por eso los gobernadores de las provincias hundidas están dispuestos a emerger con el ingreso de ATN como moneda de cambio para la aprobación de la Ley de leyes para 2026 (El Presupuesto, versión libertario).
En paralelo, el Consejo del Salario parece perder de toda legitimidad. El monto impuesto por decreto, sin acuerdo entre empresarios y sindicatos, convierte al Salario Mínimo Vital y Móvil en un instrumento de disciplinamiento social. Esta estrategia de “desinflación recesiva” se sostiene en la licuación del ingreso de los trabajadores y jubilados, consolidando una pobreza estructural que el Gobierno disfraza y se esmera en comunicar el supuesto "éxito económico".
III. El frente de resistencia: la hora de frenar la entrega
La disputa por la Ley Bases II condensa la confrontación central de esta etapa. Bajo el eufemismo de “modernización laboral”, se esconde un intento de demolición del marco de derechos conquistados por el movimiento obrero argentino: se busca destruir el andamiaje sindical que garantizó, durante décadas, un piso de dignidad y justicia social.
Frente a este escenario, la reacción del campo popular no puede limitarse a la denuncia. La fractura del poder abre una oportunidad para articular una alternativa política y social que frene el avance del ajuste y reconstruya la esperanza. La unidad sindical y la organización territorial emergen como pilares de una resistencia que no solo defienda derechos, sino que proponga un nuevo rumbo.
► Reconstruir desde abajo, recuperar el sentido
El caos no es solo producto de la improvisación: es la consecuencia lógica de un proyecto que desprecia la política, vacía al Estado y entrega soberanía. Pero cada crisis encierra una posibilidad. El campo nacional y popular tiene la tarea histórica de transformar la resistencia en propuesta, de volver a poner en el centro al trabajo, la producción y la dignidad como motores de desarrollo y justicia.
Porque cuando el poder se descompone, es el pueblo el que debe organizar la esperanza.