Por
Hugo Moreno
Editorial | PRESUPUESTO CON GPS, POLÍTICA SIN MAPA
La Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, pero el conflicto por la Ley de Financiamiento expuso la fragilidad del sistema político. En el Congreso, la postergación del pliego de Lorena Villaverde y la implosión del interbloque federal muestran un mapa de poder en redefinición. Entre tanto, el ajuste avanza y el salario no se mueve, no es vital y solo es mínimo.
(SEMANA #48)- La semana política dejó un saldo que, lejos de ofrecer señales de estabilidad, confirma que el país transita una etapa de tensiones múltiples. La provincia de Buenos Aires aprobó su Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, consolidando los lineamientos de un esquema fiscal que intenta sostener inversión social e infraestructura en medio de un derrumbe económico nacional. Es un gesto político relevante de Axel Kicillof, que logró sostener consensos internos y externos para avanzar en dos de las tres herramientas centrales de gestión.
ALEXIS GUERRERA Y FACUNDO TIGNANELLI, A PURA ROSCA CON SERGIO MASSA DEL OTRO LADO DEL TELEFONO.
Pero esa victoria se vuelve apenas parcial: la Ley de Financiamiento, clave para garantizar la sustentabilidad de ese Presupuesto, se cayó por falta de quórum en un episodio que expone tanto disputas internas como el peso específico de las negociaciones territoriales. Sin financiamiento, el Presupuesto corre el riesgo de transformarse en un programa declamativo más que en una hoja de ruta efectiva. Y ahí aparece un punto neurálgico: cuando la política no logra ordenar sus instrumentos básicos —el crédito, la inversión, los recursos—, termina cediendo terreno a la lógica del ajuste permanente que hoy impulsa Nación.
El escenario en el Senado tampoco trajo alivio. La postergación del pliego de Lorena Villaverde, rodeada de controversias judiciales y políticas, dejó al oficialismo nacional golpeado en un terreno donde esperaba mostrar fortaleza simbólica: el ingreso pleno de su bloque. El rechazo en comisión y el envío del expediente nuevamente a revisión exhiben una señal inequívoca: incluso en un Congreso fragmentado, la institucionalidad cívica y parlamentaria todavía conserva resortes para resistir decisiones que cruzan ciertos límites éticos o jurídicos. Para un Gobierno que ejerce el poder con impronta personalista y confrontativa, este traspié no es una anécdota: es un recordatorio de que la democracia tiene defensas que no siempre pueden ser doblegadas.
MIGUEL A. PICHETTO, NERVIOSO POR LA PRESIDENCIA DEL BLOQUE Y UNA RUPTURA ANUNCIADA.
En Diputados, la situación fue directamente un terremoto. El intento de construir un interbloque articulado por los gobernadores del Norte Grande y de Provincias Unidas terminó en ruptura abierta. Miguel Ángel Pichetto, figura central en la construcción de un espacio federal moderado, anunció la caída del acuerdo, dejando a esa pretendida "tercera fuerza" reducida a una idea inconclusa. La pelea por la conducción del bloque —Scaglia propuesta por los gobernadores vs. Pichetto defendiendo su continuidad— terminó revelando tensiones más profundas: la disputa por el rol del federalismo en un país que vuelve a recentralizar recursos y poder en plena crisis.
En este tablero, la UCR intenta reconstruir una identidad parlamentaria que viene erosionada. Su búsqueda de reunificación es tanto un intento de supervivencia como un gesto de resistencia a un sistema político que empuja a la disgregación. Pero lo que debía ser un vector de orden termina siendo otro capítulo de la atomización opositora.
El saldo general de la semana es doble: por un lado, un oficialismo nacional que acumula tropiezos; por otro, una oposición fragmentada que no logra formular un proyecto integral para resolver la crisis. En el medio, millones de personas padecen la inflación, el deterioro del empleo, la caída del consumo y la ausencia de horizonte.
La reactivación del Consejo del Salario, después de meses de parálisis, llegó envuelta en un clima político y social cargado de tensiones. No era una instancia técnica, sino profundamente política: se discutía si el Salario Mínimo, Vital y Móvil seguiría siendo “vital y móvil”, o si quedaría reducido a un indicador casi decorativo dentro de un plan económico basado en el ajuste del ingreso laboral. El valor vigente —$322.000 para trabajadores mensualizados— expresa de por sí la dimensión del deterioro: cubre menos de la mitad de la canasta básica y ya no funciona como referencia real ni para el mercado de trabajo ni para la protección social.
CONSEJO DEL SALARIO POR ZOOM, NI VITAL Y MUCHO MENOS MÓVIL
La reunión del Consejo expuso con crudeza esa fractura. Las cámaras empresarias llegaron con una propuesta irrisoria: subir el mínimo apenas a $326.000, una actualización que no cubre ni dos días de inflación acumulada. La proyección hacia abril de 2026 —apenas $349.000— confirma que la estrategia patronal es consolidar un salario mínimo por debajo del umbral de indigencia. En contraste, la CTA Autónoma reclamó $736.000, cifra basada en el costo de vida efectivo, mientras la CGT planteó llevarlo a $512.000 a corto plazo. La distancia entre las propuestas no solo muestra posiciones diferentes, sino modelos de país contrapuestos: un país de trabajadores empobrecidos y disciplinados o un país que reconoce la dignidad del ingreso como condición para la cohesión social.
Fracasada la negociación, la reunión terminó con el Gobierno anunciando que resolverá la actualización por decreto, una modalidad que convierte al Consejo en una escenografía vaciada y confirma la inclinación del oficialismo hacia el sector empresario. Lo que debería ser una instancia tripartita de equilibrio se transforma, así, en un mecanismo unilateral en el que el Ejecutivo actúa como garante del techo salarial.
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Toda esta dinámica, política y económica, obliga a una reflexión profunda. El problema no es solo lo que se decide, sino lo que se posterga, lo que se abandona, lo que se desdibuja por las internas o la incapacidad de construir acuerdos estratégicos.
Si algo enseña esta semana es que la democracia argentina necesita recomponer su músculo de gobernabilidad, entendido no como obediencia vertical (o debida) a un liderazgo coyuntural, sino como capacidad colectiva de definir rumbos, priorizar políticas públicas y sostener derechos.
Entre los retrocesos y las tensiones, todavía asoman señales de resistencia institucional y de vocación territorial para sostener inversiones, proteger a los sectores vulnerables y defender capacidades productivas.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: -¿podrá la dirigencia política transformar esta conflictividad en una construcción superadora, o volverá a quedar atrapada en la mezquindad del cortoplacismo?
Creer en una salida democrática implica confiar en que la respuesta aún puede ser la primera. Pero no sucederá sin responsabilidad, sin debates honestos y sin un compromiso firme con los sectores que más sufren el modelo de ajuste actual impuesto por un gobierno libertario que ruge ante el silencio de una oposición que no logra encontrar el rumbo.
Ahí está el desafío, y ahí también la oportunidad. En encontrar el camino de manera colectiva, sin egos, con debates; y la mirada puesta en una Argentina posible. La Argentina enfrenta un dilema que es también una encrucijada ética. O profundiza un modelo que convierte el salario en un costo, la política en un obstáculo y al Estado en un espectador privilegiado de la desigualdad, o reconstruye un horizonte basado en la justicia social, la producción y la solidaridad.
hm: hugo moreno