Por
Hugo Moreno
Editorial | REFORMA AL PASO, PAÍS EN PAUSA
El Gobierno inició las sesiones extraordinarias con una agenda que acelera su proyecto de ajuste y disciplinamiento social: reforma laboral, acuerdos a medida con sectores aliados y un Congreso fragmentado que se convierte en campo de disputa. En la semana del Día Internacional de los Derechos Humanos, el movimiento obrero y los organismos elevan su resistencia frente a un modelo que busca desregular la economía, precarizar el trabajo y relativizar derechos esenciales. El país entra en una etapa decisiva.
(SEMANA #50)- El comienzo de las sesiones extraordinarias confirmó lo que el Gobierno venía insinuando desde hace semanas: un intento de profundizar su programa de reconfiguración regresiva del país, acelerando cambios estructurales sin el debido consenso democrático. La agenda elevada al Congreso no es la de un Ejecutivo dispuesto a dialogar, sino la de un proyecto que busca acumular poder y disciplinar a la sociedad. Entre todas las iniciativas, la reforma laboral sobresale no solo por su contenido, sino por su significado político: es el corazón de un modelo que prioriza la desregulación, la precariedad y la reducción del Estado como garante de derechos.
Este movimiento ocurre en un escenario parlamentario nuevo, producto de la recomposición legislativa tras las elecciones del 26 de octubre. Con un Congreso más fragmentado y sin mayorías propias, el oficialismo, a pesar de lograr la primera minoría en Diputados, se ve obligado a negociar ley por ley y para ello están atentos al menos 20 mandatarios provinciales de 24 jurisdicciones.
Pero lejos de moderar su estrategia, apuesta a acuerdos selectivos con sectores “dialoguistas” para intentar avanzar en un rediseño profundo del plexo normativo laboral y económico. En la otra vereda, los bloques identificados con el movimiento nacional y popular, junto a fuerzas progresistas, enfrentan el desafío de consolidar la unidad y construir mayorías circunstanciales que frenen los retrocesos y sostengan una agenda alternativa de desarrollo con inclusión.
La reforma laboral enviada al Senado retoma los postulados previamente frenados por la Justicia: ampliación del período de prueba, abaratamiento del despido, reducción de multas por trabajo no registrado, flexibilización de modalidades contractuales y debilitamiento del sistema de negociación colectiva. Presentado como “modernización” y “creación de empleo”, el proyecto no oculta su objetivo real: debilitar la capacidad de defensa del movimiento obrero, encarecer la resistencia organizada y achicar el costo del trabajo en beneficio del poder económico concentrado.
En este punto, el rol de las centrales sindicales vuelve a ser determinante. La CGT, tras meses de diálogo estéril, asumió una posición más firme: no habrá acompañamiento a ninguna iniciativa que implique retrocesos históricos. La CTA de los Trabajadores reivindicó la tradición de un sindicalismo sociopolítico comprometido con la defensa integral del trabajo y del Estado social. La CTA Autónoma, por su parte, enmarcó la reforma en un programa mayor de ajuste, privatizaciones y desmantelamiento del sector público. Las diferencias tácticas entre las centrales no impiden una coincidencia estratégica: la reforma laboral es un límite infranqueable, y su aprobación marcaría un punto de inflexión negativo para el conjunto de la sociedad trabajadora. Y para ello, el 18 de diciembre será un día clave: para los trabajadores, para sus representantes y para el mismo gobierno.
Este debate se dio en una semana marcada también por la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que adquiere otro peso en un contexto donde proliferan discursos negacionistas y se recortan presupuestos esenciales para la memoria, la verdad y la justicia. En las calles y en los organismos se reafirmó un principio central que la tradición democrática argentina consolidó en las últimas décadas: los derechos humanos son indivisibles. No puede haber democracia plena si se vacía de sentido el derecho al trabajo digno, si se profundizan las desigualdades, si se restringe el rol del Estado o si se relativiza la tragedia del terrorismo de Estado. Defender los 30.000 y defender el derecho al salario, la salud, la educación y la igualdad no son luchas separadas; forman parte de un mismo proyecto de país; o al menos, debería.
En paralelo, el Gobierno insiste en exhibir la desaceleración inflacionaria como prueba de éxito económico. Sin embargo, la realidad social desmiente cualquier narrativa de alivio: los salarios siguen por debajo del poder adquisitivo de años anteriores, la pobreza se mantiene en niveles alarmantes y la actividad industrial muestra señales de estancamiento. No hay redistribución, no hay derrame, no hay horizonte de mejora para las mayorías populares. La estabilidad nominal no alcanza cuando el modelo económico sigue concentrando riqueza y achicando derechos.
La semana deja un síntoma inequívoco: la Argentina está frente a un momento de definiciones profundas. El Senado será, en los próximos días, el escenario donde se juegue la primera batalla institucional del nuevo ciclo político. En Diputados estarán atentos a aprobar un presupuesto para el 2026 que olvida y se desentiende de los jubilados, desocupados, de las personas con discapacidad y del personal del Garrahan. Pero el verdadero debate excede la votación de una ley. Lo que está en discusión es el rumbo del país: si avanzamos hacia un modelo de ajuste eterno y flexibilización permanente, o si defendemos una tradición que entiende que el crecimiento solo tiene sentido cuando se traduce en derechos, igualdad y justicia social.
► ES LA ECONOMÍA, JAVO
El Gobierno continúa celebrando la desaceleración del índice de precios como si fuera un programa económico en sí mismo, cuando en realidad responde a un conjunto de factores recesivos —caída del consumo, contracción del salario real, freno de la actividad y atraso cambiario— que no generan bienestar social sino empobrecimiento extendido. La baja inflacionaria, presentada como “éxito”, se apoya en el ajuste brutal sobre los ingresos de trabajadores, jubilados y sectores medios, mientras la canasta básica y los medicamentos siguen desplazados del radar oficial.
En paralelo, la economía real sufre un fenómeno que ya muchos industriales, economistas y gremios describen sin eufemismos: un verdadero industricidio.
El récord de importaciones registrado en los últimos meses funciona como una tromba sobre el aparato productivo nacional: sectores enteros de la industria textil, calzado, metalmecánica, línea blanca y autopartista enfrentan competencia desleal, caída abrupta de ventas y un escenario de inviabilidad creciente. Las suspensiones se multiplican, los despidos se aceleran y las fábricas operan con mínima capacidad o directamente paralizadas.
A este cuadro se suma el impacto de la suba de los servicios públicos —energía, agua, transporte— que encarece costos, golpea la estructura productiva y profundiza la recesión. La fórmula es conocida: tarifas dolarizadas para las empresas proveedoras, costos crecientes para la industria y un efecto contractivo que se derrama sobre el empleo y el consumo.
El modelo económico del Gobierno no impulsa la producción ni la inversión: sustituye industria nacional por importaciones, achica el mercado interno y consolida un patrón primario-financiero. En lugar de “eficiencia”, lo que emerge es un país más dependiente, más desigual y con menor densidad industrial. Un deja vú de los años oscuros de la Argentina.
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Desde el campo nacional y popular, la respuesta debería ser clara y contundente. La democracia se fortalece cuando el trabajo es un derecho, cuando los derechos humanos son una política de Estado, cuando el Congreso no es una escribanía del poder económico y cuando la sociedad organizada hace valer su voz. El desafío de los próximos meses será sostener esa perspectiva con firmeza, unidad y amplitud. Porque no está en juego solo una reforma: está en juego el país que queremos construir para las próximas generaciones.
hm: hugomoreno