Por
Hugo Moreno
Emergencia en discapacidad: ajuste, abandono y resistencia
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lejos de representar una institución protectora de derechos, se ha convertido en el epicentro de un conflicto que crece día a día. Las personas con discapacidad, sus familias, organizaciones y prestadores enfrentan una realidad alarmante: recortes, despidos, lenguaje discriminatorio, y una política deliberada de vaciamiento estatal. El gobierno de Javier Milei, en su afán de desmantelar el Estado, ha puesto en jaque a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Una ofensiva contra los más débiles
Desde principios de año, ANDIS ha avanzado con medidas que desnudan una falta total de sensibilidad social y de compromiso con la inclusión. Bajo la gestión del abogado Diego Spagnuolo —ex letrado personal del Presidente y sin antecedentes en políticas públicas de discapacidad— se han instrumentado auditorías masivas a las pensiones no contributivas, exigiendo a los beneficiarios que presenten documentación médica actualizada en plazos imposibles.
Esta embestida burocrática, lejos de buscar eficiencia o transparencia, parece tener un objetivo claro: recortar el gasto a costa de los derechos de quienes menos tienen. Organizaciones de la sociedad civil y defensorías públicas advierten que miles de personas están en riesgo de perder su única fuente de ingreso.
Discriminación institucionalizada
El escándalo estalló cuando la Resolución 187/2025, firmada por Spagnuolo, utilizó términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" para clasificar la discapacidad intelectual. Expresiones propias de un tiempo superado, que violan la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fueron plasmadas en un documento oficial del Estado argentino en pleno 2025.
Tras una ola de repudios de profesionales, ONGs y hasta organismos internacionales, la resolución fue modificada, pero el daño ya estaba hecho. La falta de perspectiva de derechos, sumada a un desprecio ideológico por todo lo que represente inclusión o justicia social, quedó crudamente expuesta.
Vaciamiento y desregulación
A esta ofensiva se suma el despido de cientos de trabajadores de ANDIS y el cierre de delegaciones en distintas provincias, dejando a comunidades enteras sin acceso a trámites vitales. Además, el gobierno avanza con un intento de desregulación del sistema de prestaciones básicas: de aprobarse, cada obra social podría establecer aranceles propios, poniendo en jaque la equidad y la continuidad de tratamientos para miles de personas.
Los prestadores, por su parte, denuncian la falta de actualización de los aranceles en un contexto inflacionario devastador. La consecuencia es clara: abandono terapéutico, reducción de servicios y un retroceso histórico en derechos conquistados con lucha y organización.
Un Estado ausente, un pueblo que resiste
Frente a este escenario de ajuste, abandono y violencia institucional, la respuesta de los sectores populares no se hizo esperar. Familias, organizaciones, trabajadores y colectivos de discapacidad han iniciado una serie de movilizaciones a lo largo y ancho del país. La más emblemática será este 4 de junio frente al Congreso Nacional, donde miles dirán presente para gritar “¡Basta de ajuste en discapacidad!”
La consigna es clara: sin políticas públicas no hay inclusión, sin Estado no hay derechos. El gobierno de Milei podrá recortar presupuestos, despedir trabajadores y banalizar la dignidad, pero no podrá frenar la resistencia de una ciudadanía que sabe que lo conquistado no se entrega. Porque cuando se tocan los derechos de los más vulnerables, se despierta la conciencia colectiva.
Tal es así que la Cámara baja retumba como caja de resonancia y se apresta a una nueva embestidda legislativa a sabienda que la herramienta del veto presidencial está siempre a tiro de Milei y su motosierra. Ante este escenario devastador, el bloque opositor —integrado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda— presentó un proyecto para declarar la emergencia nacional en discapacidad. La iniciativa propone:
Garantizar la continuidad de pensiones no contributivas.
Actualizar aranceles de prestaciones según inflación.
Asegurar el presupuesto de ANDIS.
Cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad.
Sostener el acceso federal y equitativo a todos los servicios esenciales.
La sesión está prevista para este 4 de junio al mediodía. Las fuerzas opositoras creen que hay quórum para aprobar la iniciativa, junto a otros proyectos como el aumento de jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional.
Entre tanto, desde el oficialismo ya se anticipó el rechazo rotundo a la iniciativa. El propio presidente Milei anunció que vetará la ley si es aprobada, argumentando que se trata de un “gasto innecesario” y que refuerza “lógicas asistencialistas”.
La ANDIS, en línea con el relato libertario, también se expresó en contra, asegurando que la propuesta va contra los “nuevos paradigmas” del gobierno. La realidad es que esos nuevos paradigmas implican menos derechos, más exclusión y una alarmante naturalización del abandono estatal.
Frente a esta avanzada neoliberal, el movimiento de discapacidad se ha transformado en un nuevo bastión de resistencia. Familias, organizaciones, profesionales, trabajadores y personas con discapacidad vienen protagonizando marchas en todo el país, visibilizando una situación que muchos medios callan.
La opinión pública está en alerta, pendiente de lo que pueda ocurrir el miércoles, porque cuando se le niega el derecho a vivir con dignidad a los más vulnerables, se ataca el corazón de cualquier proyecto de país justo.