INOCENTES ARRIBA, ENDEUDADOS ABAJO: la aritmética de las prioridades
Una semana, una sola pregunta: ¿a quién le cierran las cuentas? Universidades, personas con discapacidad y familias endeudadas frente a un régimen que amplía la confianza hacia los dólares sin declarar.
(Por HUGO MORENO)- Hay semanas en las que la política argentina se puede resumir en una sola pregunta: ¿a quién le cierran las cuentas? Esta fue una de ellas. En pocos días, el Senado le dio forma de ley a un nuevo perdón para quienes tienen dólares sin declarar, mientras el proyecto de Presupuesto 2027 discutía, a los tirones, cuánto le corresponde a un estudiante universitario, a una persona con discapacidad, a una familia que no llega a fin de mes. Son debates que se presentan por separado, aunque convendría leerlos juntos.
El jueves, el Senado aprobó la Inocencia Fiscal II por 44 votos contra 23. La norma elimina los topes de ingresos y patrimonio para entrar al régimen simplificado de Ganancias, reduce la información que deben presentar las personas físicas y le pone límites a ARCA para cuestionar sus declaraciones juradas. El Gobierno calcula que hay unos 170 mil millones de dólares fuera del sistema financiero y defiende la ley con una idea que suena razonable: dejar de mirar al contribuyente como a un sospechoso permanente. Concedamos que la relación entre el fisco y quien tributa es un debate legítimo. Pero la pregunta sigue en pie: ¿inocencia para quién? Un trabajador en relación de dependencia no necesita que le presuman nada: su recibo de sueldo es su declaración jurada, con el impuesto retenido antes de que la plata llegue a su bolsillo. La inocencia se le regala a quien tuvo margen para no declarar. Y profundicemos un poco más: Caputo, el ministro, busca los dólares del colchón de algunos argentinos, pero para qué los quiere?
"La presunción de inocencia se reparte según el saldo de la cuenta, no según el recibo de sueldo."
Hay, además, un detalle que habla por sí solo. En su paso por Diputados, se incorporó una cláusula que prohíbe expresamente que los funcionarios públicos accedan al régimen, inspirada en los avatares patrimoniales de un exjefe de Gabinete, de apellido Adorni y de nombre Manuel; y el texto final deja fuera de determinados beneficios a los funcionarios de alto rango. Que haga falta escribir esa excepción dice mucho del clima en el que se aprueba una ley que se vende como un acto de confianza.
Mientras tanto, el Presupuesto llegó con números que los rectores consideran insuficientes: algo más de los 7 billones de pesos para el sistema universitario, frente a los 11 billones que reclama el sector, una brecha de alrededor de 4 billones. Pero el problema no es solo cuánto: es que ya existe una ley que dice cuánto. La Ley de Financiamiento Universitario fue vetada por el Presidente y el Senado insistió con ella en octubre de 2025, convirtiéndola en ley. La Justicia dictó una cautelar y la Corte rechazó el recurso extraordinario del gobierno libertario. Y sin embargo, el reclamo dejó de ser conseguir una ley para pasar a ser lograr que el Gobierno cumpla una norma que ya perdió en el Congreso. En la paritaria, el Ejecutivo volvió a ofrecer solo el 3% que le exigió la Justicia, mientras los gremios calculan una recomposición pendiente cercana al 35%. Y pero aun, ya son más de 300 días de incumplimiento.
"Un Estado que incumple una ley sin consecuencias les enseña a todos que la ley es opcional."
Por eso el 15 de octubre importa más allá de las aulas. El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que nuclea a los recotres de la universidades nacionales, junto con gremios docentes, nodocentes y agrupaciones estudiantiles, convocó la quinta marcha federal universitaria para ese jueves, con concentración frente al Palacio de Tribunales, dentro de un plan de medidas que se extiende hasta el 22 de octubre. Que la cita sea en Tribunales y no en el Congreso no es un detalle: el reclamo pasó del Parlamento a la Justicia porque la discusión ya no es qué ley queremos, sino si las leyes se cumplen. Para miles de familias del conurbano, la universidad pública es la primera vez que alguien de la casa se recibe. Estos días hubo clases públicas en plazas de distintos distritos. Ahí también se juega el Presupuesto.
En el mismo proyecto viajó, casi sin aviso, en verdad "colado", un capítulo sobre discapacidad. El texto descarta la actualización obligatoria de las prestaciones, deja que obras sociales y prepagas fijen sus propios precios sobre un mínimo y vuelve al esquema de pensión por invalidez equivalente al 70% de la jubilación mínima. Las organizaciones del sector denuncian que eso precariza el sistema y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos. La sorpresa fue tal que diputados del propio oficialismo admitieron, off the record, que muchos desconocían que ese capítulo iba a estar. La propia Patricia Bullrich, jefa del bloque de Senadores lbertarios pidió "que no me tomen por tonta", frase fuerte para instalar una nueva interna dentro del Gobierno.
Ahora el Ejecutivo nacional abrió la puerta a revisar las partidas de Discapacidad y Universidades para ordenar la negociación con el PRO y la UCR. Bienvenido el gesto, pero conviene leerlo bien: lo que busca es evitar que se extienda la Emergencia en Discapacidad, a cambio de un refuerzo de fondos y un esquema permanente, una emergencia que rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y admite una prórroga por un año. Se parece más a aritmética parlamentaria que a un examen de conciencia. De hecho, el toma y daca con ciertos gobernadores dan cuenta que todo sirve para negociar y apretar para lograr el objetivo.
"La marcha atrás llega por falta de votos, no por exceso de convicción."
Y llegamos al otro plato de la balanza. Esta semana el INDEC informó que la desocupación alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre y afecta a 1,73 millones de personas, el dato más alto desde el tercer trimestre de 2022. En los partidos del Gran Buenos Aires, la tasa llegó al 8,8%. Pero el número esconde la trama: desde fines de 2023 se perdieron 631.300 empleos registrados, una baja del 4,7%, mientras la ocupación no registrada creció en 780.600 personas. No solo falta trabajo: el que aparece es peor, sin aportes, sin obra social, sin red. Absolutamente precarizado.
"El trabajo que aparece no siempre es trabajo: a veces es solo una forma más prolija de la precariedad."
Cuando el ingreso no alcanza, la deuda pasa a ser el último salario. La morosidad de las familias en el sistema bancario llegó al 12,9% en julio, su nivel más alto en más de dos décadas, frente al 5,6% de un año atrás, y en los préstamos personales alcanzó el 16,7%. Un informe del CEPA con datos del BCRA estima que 5,91 millones de personas registran incumplimientos, que la mora en billeteras virtuales llega al 30,1% y que en abril el pago de deudas representó el 24,1% de la masa salarial. Según analistas, muchas familias se endeudaron para compensar la caída de sus ingresos, una recuperación que finalmente no llegó. Nadie se endeuda por capricho para pagar la luz, el alquiler o la cuota del colegio.
Ahora unamos las puntas. De un lado, un régimen que amplía la confianza hacia quien pudo mantener dólares fuera del sistema, aprobado tras un breve debate. Del otro, una ley vigente que espera más de 300 días para aplicarse, un capítulo de discapacidad que solo se revisa cuando faltan votos, y millones de personas que ofrecen su trabajo, su título o su tratamiento y reciben a cambio precariedad y cuotas. Nadie serio discute que un Estado deba cuidar sus cuentas. Lo que se discute es quién paga el equilibrio y a quién se le concede el beneficio de la duda.
"Cuando el sueldo no alcanza, la deuda se vuelve el último salario."
El 15 de octubre habrá una respuesta en la calle. Mientras tanto, el Presupuesto sigue en el Congreso y cada artículo es una decisión sobre qué país decidimos financiar. Habrá quie poner la lupa en la lectura de este Presupuesto, pensado y pergenaiado por Caputo y corregido y sentenciado por Milei; habra que fijarse siempre en la letra chica de lo que se vota a las apuradas y concesiones inescrupulosas.
