SED DE NEGOCIOS

Licitación sin base, un precio un tercio menor al que había anunciado el propio Gobierno y un socio mayoritario que es apenas un sello. A eso se suman la razonificación tarifaria, el corte por falta de pago.  Walter Martello, Defensor Adjunto bonaerense y ex interventor del ENRE, sostiene que a la privatización de AySA le sobran preguntas y que el pliego no responde ninguna.

WALTER MARTELLO - Defensor Adjunto bonaerense | Ex Interventor del ENRE

(Por HUGO MORENO)- Hay una manera elemental de medir la solidez de una privatización: preguntar quién puso la plata. En el caso de AySA, a tres semanas de la apertura de sobres, la pregunta sigue sin respuesta completa. Y quien la formula con más insistencia no es un opositor de ocasión, sino alguien que conoce el paño desde adentro: Walter Martello, hoy defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires y antes interventor del ENRE. Es decir, alguien que pasó por un lugar para controlar a las empresas de servicios públicos.

Martello no plantea una discusión de catecismo sobre Estado versus mercado. Recuerda, de hecho, que en el mundo el agua es mayormente estatal o municipal, incluso en países sin sesgo antiliberal. Lo que objeta es más terrenal: que quien vende lo que es de todos cumpla, al menos, con las formas que protegen el patrimonio de todos. Su diagnóstico es que en este proceso se saltearon varias de esas "formas" y que, por eso, el acto podría terminar siendo revisable, le toque el gobierno que le toque.

► El déjà vu de los noventa

AySA presta agua y cloacas a unos 14 millones de personas entre el conurbano y la Ciudad. Tiene antecedentes que conviene no olvidar: en los noventa estuvo en manos privadas, bajo otro nombre, y el balance fue desinversión, tarifas en alza y mala calidad. En Lomas de Zamora y Esteban Echeverría llegaron a circular facturas que advertían que el agua no era apta para consumo humano. De ahí la decisión de que el Estado retomara el servicio.

Ya el año pasado, tras la Ley Bases, Martello advertía que el esquema se parecía demasiado al de entonces. La historia no se repite, pero tiene una evidente debilidad por las rimas.

► Un auto que no es tuyo

El primer reparo es el precio. Cuando se vende una empresa estatal interviene el Tribunal de Tasación; acá se lo apartó y se encomendó la tarea al BICE ( Banco de Inversión y Comercio Exterior), un banco también estatal, con funcionarios del propio Gobierno, que tiene a Juan Manuel Troncoso Iriarte como Presidente del Banco y que en BICE Fideicomisos están sentados en el DIrectorio Maximiliano Voss y Evert Van Tooren (Presidente y Vice, respectivamente). Para más datos, la licitación fue “sin base”: no había un mínimo. Martello dice no recordar otra con esa característica.

El resultado es curioso. El funcionario a cargo de las privatizaciones había hablado públicamente de unos 500 millones de dólares por el 90% de las acciones. Se adjudicó por 340, frente a una oferta rival de algo más de 280. La distancia con la cifra oficial ronda el 32%. La analogía de Martello es doméstica: es como querer vender un auto que creés que vale 20 millones, aceptar 15 porque vino uno y dijo 15, y darlo por bueno. Pero con el agravante, agrega, de que el auto ni siquiera es tuyo.

Hay un segundo dato en el mismo cuadro. Según cuenta, su equipo pidió en junio, por acceso a la información pública, saber qué se vendía: qué activos, qué pasivos ambientales, qué valor tentativo. Nunca hubo respuesta. La información estuvo en un data room al que solo accedían quienes compraban el pliego, o sea, los oferentes. Los usuarios, la prensa y los defensores del pueblo: afuera.

► Un sello llamado fondo

La adjudicación recayó en un consorcio integrado por Rowing, Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y un vehículo de inversión llamado PHX Aqua AR B.V. Este último concentra, según lo informado tras la apertura de ofertas, el 55% del consorcio. Ahí aparece la frase que sostiene la charla: hay un fondo, dice Martello, que nadie sabe quién es y que es el que controla. 

No es una metáfora. Los registros que citó la prensa indican que la sociedad se inscribió en Ámsterdam el 24 de agosto con un capital de un euro, sin integrar, y que responde a un fondo radicado en Curaçao. Martello lo resume sin adornos: “Es un sello”. Una empresa dentro de otra que está dentro de otra. Un fondo de los que, describe, “andan por el mundo buscando utilidades y negocios de rápida rentabilidad”. 

A su juicio, el Estado tiene la obligación de saber con quién contrata, y más aún tratándose de un servicio vital. Por eso fue a la Justicia. La pregunta es de manual para cualquiera que haya tenido que regular un servicio: quién responde, con su patrimonio y su nombre, cuando algo sale mal.

► Un negocio redondo

El tercer reparo es el que más pesa en el bolsillo. La facturación del agua en el Área Metropolitana rige, en lo sustancial, desde 1967: es el famoso esquema del “cono sin medidor”. Martello admite que discutirlo era razonable, y hasta necesario. Lo que le llama la atención es el momento y el apuro: la modificación aparece con la privatización ya lanzada, y se convoca a una audiencia pública del ente regulador antes de que se firme la venta. 

Las cuentas que presenta son estas. La reconfiguración le daría a la empresa un flujo adicional de unos 93 millones de dólares por año. Para entre el 55% y el 60% de los usuarios implicaría un aumento extra de entre 16% y 26%, además de los ajustes mensuales. La justificación es que ese dinero financiaría la tarifa social. Martello hace notar dos cosas: la tarifa social ya existe, y el monto en juego, unos 140 mil millones de pesos, es muy superior a lo que ese beneficio demanda. Si sobra algo, dicen, irá a obras. ¿Cuáles? No se sabe, y no estaban en el pliego.

Con ese flujo, razona, la inversión se recupera en poco más de tres años, y la concesión dura hasta 2056. Además, después de lanzada la licitación se habilitó algo más: cortar el servicio a quien no pague la segunda factura. Está frenado por una cautelar a favor de los usuarios, pero la medida existe. Se mire como se mire, es un atractivo más para el comprador.

Las obligaciones de inversión, en tanto, son difusas. El vocero presidencial habló de 2.000 millones y de una cobertura del 90% para 2031, cuando hoy se ronda el 70 y pico. Martello pregunta algo muy sencillo: dónde está escrito eso.

► Cómo se hizo rentable

El Gobierno repite que hay que sacarle al Estado las empresas deficitarias. AySA, apunta Martello, dejó de serlo, pero a un costo. Hubo una fuerte reducción de personal que afectó la calidad, sobre todo en las reparaciones. Se paralizaron obras, entre ellas una tunelera que llevaba agua del río al conurbano, cerca del 90% de avance y casi tres años de abandono. Y la tarifa subió un 700%. La empresa ronda hoy un superávit de 125 mil millones de pesos. La fórmula, resume, no exige demasiado mérito: se sube la tarifa, se frenan las obras y el resultado es automático.

Un dato para dimensionar el costo social: un jubilado del conurbano paga hoy unos 70 mil pesos mensuales por agua y cloacas, casi el 20% de la mínima. Martello cita además a la Auditoría General de la Nación, cuyos indicadores sobre la gestión estatal fueron, afirma, positivos.

► El control que se debilita

Aquí la voz de Martello pesa de otro modo, porque habla de los entes reguladores como quien sabe de qué se trata. Recuerda que fue Dromi, el ministro de las privatizaciones menemistas, quien creó los entes de electricidad, gas y agua, y dice, medio en broma, que si su fantasma estuviera presente se asombraría de cómo se hacen hoy las cosas. El ENRE fue fusionado con el ente del gas y el regulador del agua opera con muy poco presupuesto. Los propios funcionarios, cuenta, admiten que es “un ámbito casi de convalidación”: no tienen cómo sostener los reclamos por calidad ni por el endeudamiento que las tarifas generan en las familias.

► La plata ya tiene dueño

Queda, por último, el destino de lo recaudado. Según Martello, el propio Gobierno admite que el dinero se aplicará a pagar un vencimiento de deuda de febrero. No quedará rastro. Lo bautiza con una ironía: la herencia de la abuela. Se vende patrimonio para pagar una cuota, todo para “registrar un superávit fiscal a cualquier costo”.

El contrato de compraventa debe firmarse a más tardar el 13 de noviembre. Falta poco, pero no está dicha la última palabra. Martello se anima a pronosticar que lo actuado será revisable y pide que la política se involucre más, que se amplifique el debate. Tal vez tenga razón. Lo seguro es que, en un asunto donde se vende sin saber el nombre de quien compra, las preguntas al menos deberían tener nombre y apellido. El agua, como se sabe, siempre encuentra por dónde. Las preguntas, también.