Por
Hugo Moreno
SEMANA #25 | La sombra del control
En apenas una semana, el Gobierno de Javier Milei formalizó dos reformas estructurales que redibujan el mapa de la seguridad y el control social en la Argentina: el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA). Ambas medidas, envueltas en lenguaje de modernización y eficiencia, trazan un preocupante viraje hacia un Estado con atributos de vigilancia masiva, intervención sin control judicial y criminalización preventiva de la disidencia.
Detrás del relato oficial de “fortalecer el Estado” para combatir el delito, emergen nuevas capacidades del aparato represivo para infiltrar, espiar y reprimir bajo criterios ambiguos y peligrosamente amplios.
► Inteligencia sin límites: del terrorismo al activismo social
El nuevo Plan de Inteligencia Nacional, elaborado por la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert y aprobado por la Comisión Bicameral, expande las fronteras del accionar de los servicios secretos. Bajo la etiqueta de “defensa del interés nacional”, se habilita la vigilancia sobre colectivos considerados “riesgos” por sus reclamos o su militancia: desde pueblos originarios, sindicatos y jubilados, hasta activistas climáticos, economistas críticos y periodistas.
Más grave aún, el PIN incorpora la posibilidad de actuar contra quienes “erosionen la confianza en las autoridades” o “manipulen la opinión pública”, términos tan difusos que habilitan la persecución de cualquier voz disonante. Se plantea el uso de inteligencia artificial, rastreo digital y monitoreo masivo, sin aclarar los criterios, los límites ni los responsables del control político y judicial de estas acciones.
La inteligencia política —expresamente prohibida por la Ley 25.520— reaparece, ahora blanqueada en documentos oficiales. El espionaje interno deja de ser una desviación del sistema para convertirse en una herramienta legalizada y planificada del Gobierno.
► Patrullajes digitales y requisas sin juez
A la par del PIN, el Decreto 383/2025 reformó integralmente la Ley Orgánica de la Policía Federal. Patricia Bullrich, artífice de esta reconfiguración, presentó el nuevo modelo como una versión “profesional, investigativa y moderna” de la fuerza, inspirada en organismos como el FBI.
Pero el verdadero corazón del decreto es la habilitación de acciones sin orden judicial: requisas personales, vehiculares y de pertenencias; detenciones por hasta 10 horas si se considera que alguien no puede justificar su identidad; e incluso la vigilancia masiva de redes sociales y sitios web, mediante “ciberpatrullajes preventivos”. Todo esto, sin intervención de jueces ni del Ministerio Público.
La doctrina del “delito futuro” —tan ajena a las garantías del Estado de Derecho— se convierte así en doctrina de Estado. La sospecha reemplaza a la prueba, la anticipación al debido proceso, y el miedo se instala como método de control.
► Las voces de alerta
Los organismos de derechos humanos encendieron las alarmas de inmediato.
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunció que el Plan de Inteligencia y el nuevo régimen policial violan las garantías constitucionales y legalizan prácticas de espionaje político. Señalaron que “la lógica de enemigo interno está de regreso” y que se intenta criminalizar el conflicto social y el pensamiento crítico, bajo la figura de protección de la opinión pública.
La CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) advirtió que estamos frente a una “restauración del terrorismo de Estado en versión digital y moderna”, donde se normaliza que el Estado detenga, registre, espíe y persiga sin orden judicial ni pruebas. Afirmaron que estas medidas forman parte de un modelo “represivo de raíz liberal fascista, con ropaje institucional”.
Y la CPM (Comisión Provincial por la Memoria) presentó un informe especial en el que se acusa al Gobierno de Milei de “utilizar a las fuerzas de seguridad como brazo ejecutor de una política de control social y disciplinamiento del disenso”. Destacan que tanto el PIN como el nuevo marco para la PFA “constituyen una regresión en materia de derechos humanos” y que podrían estar en contradicción con compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, como el Pacto de San José de Costa Rica.
Estas organizaciones coinciden en un punto clave: las reformas no son instrumentos aislados, sino parte de una arquitectura represiva más amplia, donde el Estado se fortalece en su faz policial mientras se debilita en su rol social.
► ¿Seguridad o control social?
Ambas reformas se inscriben en una misma lógica: la expansión del poder represivo en detrimento de los controles institucionales y los derechos ciudadanos. El Gobierno, que se presenta como libertario en lo económico, se revela cada vez más autoritario en lo político. El mismo Estado que se desmantela en salud, educación o cultura, se fortalece en inteligencia, vigilancia y represión.
Los sectores populares —históricamente marginados y criminalizados— serán los primeros blancos de este nuevo orden: jóvenes pobres, manifestantes, trabajadores organizados, comunidades originarias. Pero el alcance va más allá: alcanza a cualquiera que cuestione, incomode o denuncie.
► Una democracia en jaque
El Congreso ha sido reducido a un espectador. La Justicia, en buena parte alineada con el Ejecutivo, no ha reaccionado. Solo una sociedad civil alerta, movilizada y organizada podrá frenar esta deriva autoritaria.
Los cambios promovidos por Milei no son aislados. Son parte de una estrategia más amplia que busca consolidar un nuevo orden autoritario, donde el mercado rige lo económico y la represión garantiza el silencio social. Frente a esto, los sectores referenciados en el campo nacional, popular y democrático debe volver a levantar con fuerza las banderas de una libertad real, en defensa de un Estado de Derecho. Porque no hay democracia posible si el disenso se convierte en sospecha y el Estado, en una máquina de vigilancia.