YPF: soberanía, disputa política y una verdad que vuelve

2026-03-27 00:00:00

El fallo por YPF reafirma la soberanía energética y desmonta años de cuestionamientos. La nacionalización emerge como decisión estratégica, clave para el desarrollo y la generación de divisas.

(27-03-2026)- La reciente decisión de la justicia de Estados Unidos en torno al caso YPF no sólo tiene implicancias jurídicas. Es, sobre todo, un hecho político que reordena el sentido de una discusión que atravesó más de una década de la vida argentina: la legitimidad —y la necesidad— de recuperar el control de los recursos estratégicos.

En ese marco, las intervenciones públicas de Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner no son meras celebraciones del fallo. Son piezas discursivas que buscan cerrar una disputa narrativa: aquella que durante años instaló que la nacionalización de YPF había sido un error técnico, jurídico o económico.

Kicillof avanza con un tono confrontativo, señalando a los “buitres” y a los sectores políticos locales que, según su lectura, operaron en favor de intereses extranjeros. Su planteo es claro: no se trató de un debate técnico sino de una ofensiva política contra una decisión soberana. Al mismo tiempo, apunta directamente contra Javier Milei, a quien acusa de haber replicado ese discurso mientras hoy se beneficia —paradójicamente— de los resultados de aquella política.

Cristina Fernández de Kirchner, en cambio, adopta un registro más institucional. Reconoce el trabajo de los abogados del Estado y subraya el núcleo jurídico del fallo: la primacía de la Constitución y del ordenamiento nacional por sobre estatutos societarios. Pero su intervención también tiene una carga política precisa: reafirma que la expropiación fue “conforme a derecho” y, más aún, estratégica en términos de desarrollo.

Ambos discursos convergen en un punto central: la reivindicación de la soberanía energética como política de Estado.

► Una empresa, una historia, un conflicto estructural

Fundada en 1922 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, YPF fue la primera petrolera estatal integrada del mundo. Su creación respondió a una lógica que hoy vuelve al centro del debate: el control nacional de los recursos naturales como condición para el desarrollo económico.

Privatizada en los años 90 en el marco del proceso de desregulación y apertura, la empresa quedó bajo control de capitales extranjeros, principalmente de la española Repsol. Esa etapa estuvo marcada por la caída de la inversión y la pérdida de autoabastecimiento energético.

La recuperación del 51% de las acciones en 2012, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ejecutada por Axel Kicillof como ministro de Economía, buscó revertir ese proceso. Fue una decisión profundamente política: reinsertar al Estado como actor central en un sector estratégico.

► Vaca Muerta: la dimensión estructural de YPF

La relevancia actual de YPF no puede entenderse sin el desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Desde 2012, YPF ha sido el principal vector de inversión, exploración y desarrollo en la formación. Su rol no fue sólo operativo, sino también de articulación: generó condiciones para atraer inversiones privadas, desarrollar tecnología local y escalar la producción.

VACA MUERTA, COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO BUSCA TRASNFORMAR AL PAÍS EN UN POLO DE ENERGÍA

Los resultados son evidentes: Argentina recuperó el autoabastecimiento energético en varios segmentos. Se consolidó un superávit en la balanza energética, clave en un contexto de restricción externa. Se fortaleció una cadena de valor industrial y tecnológica vinculada al sector.

En términos macroeconómicos, YPF y Vaca Muerta funcionan hoy como una de las principales fuentes de generación de divisas genuinas, en un país históricamente condicionado por la escasez de dólares.

► La disputa de fondo: Estado, mercado y soberanía

Lo que el fallo en Estados Unidos vuelve a poner en escena no es sólo un litigio resuelto favorablemente. Es la vigencia de una pregunta estructural: ¿quién debe controlar los recursos estratégicos?

La narrativa que cuestionó la nacionalización —y que hoy queda debilitada— se inscribe en una concepción donde el mercado y el capital extranjero son los principales asignadores de recursos. En contraposición, la decisión de recuperar YPF respondió a una lógica de desarrollo nacional, donde el Estado interviene para orientar la acumulación.

En ese sentido, la afirmación de Kicillof —“los buitres no siempre ganan”— y la de Cristina —“fue una decisión estratégica”— no son sólo consignas. Son definiciones de modelo.

► Epílogo: una verdad que regresa

El caso YPF demuestra que algunas discusiones no se resuelven en el corto plazo. Requieren tiempo, resultados y, muchas veces, un fallo que reordene el tablero.

Hoy, con Vaca Muerta en plena expansión y con YPF como actor central del desarrollo energético, aquella decisión de 2012 adquiere una nueva dimensión: deja de ser objeto de controversia para consolidarse como uno de los pilares de la política económica reciente.

La historia, una vez más, no la escriben sólo los discursos. También la escriben los hechos. Y en este caso, los hechos parecen haber hablado con claridad.

EDITORIAL | En tiempos de ajuste, la vara moral no puede ser selectiva

2026-03-26 00:00:00

Ajuste, privilegios y negación: mientras el Gobierno exige sacrificios sociales, crecen las inconsistencias y la falta de transparencia en su propia conducción política.

(26-03-2026)- En un contexto de crisis económica profunda, donde el gobierno nacional ha decidido descargar el peso del ajuste sobre los sectores populares, los episodios que rodean al Jefe de Gabinete Manuel Adorni no pueden leerse como hechos aislados ni como meras “controversias mediáticas”. Por el contrario, configuran una secuencia que interpela directamente la coherencia política y ética de una administración que hizo de la austeridad, la transparencia y la lucha contra los privilegios su principal bandera discursiva.

Mientras millones de argentinos enfrentan una caída abrupta del poder adquisitivo, con salarios que corren por detrás de la inflación, aumentos sostenidos en tarifas de servicios públicos y un proceso de apertura importadora que golpea a la industria nacional, emergen conductas en la cúspide del poder que parecen contradecir el relato oficial. El viaje a Estados Unidos acompañado por su esposa, sin precisiones claras sobre su rol institucional; el traslado a Punta del Este junto a un allegado vinculado a una empresa proveedora del Estado; y la reciente adquisición de una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires, en simultáneo con interrogantes sobre su declaración jurada patrimonial, conforman un cuadro que excede lo personal para instalarse de lleno en el terreno de lo político.

MANUEL ADORNI, DE "DESLOMARSE" A SER OBJETO DE CRÍTICAS Y SOSPECHAS POR INCONSISTENCIAS PATRIMONIALES QUE PREFIERE NO EXPLICAR.

A este escenario se suma un elemento adicional que agrava el cuadro institucional: la actitud del jefe de Gabinete, en su reciente conferencia de prensa. Frente a las consultas periodísticas sobre estos temas, su respuesta no fue la de aportar claridad o promover transparencia, sino la de minimizar, relativizar e incluso negar la relevancia de los hechos. Esta postura, que puede caracterizarse como negacionista en términos políticos, no sólo evita dar explicaciones, sino que además deslegitima el rol del periodismo como mecanismo de control democrático.

No se trata aquí de discutir la legalidad estricta de cada hecho —cuestión que, en todo caso, deberán determinar los organismos competentes— sino de analizar el estándar ético que se construye desde el poder. Porque cuando un gobierno sostiene que “no hay plata”, cuando legitima despidos, recortes y licuación de ingresos en nombre de un orden macroeconómico que promete estabilización futura, la sociedad no sólo evalúa resultados: también observa conductas.

Y es en ese plano donde se abre una grieta significativa. La narrativa libertaria que llevó al oficialismo al gobierno, encabezado por Javier Milei, se estructuró sobre una crítica feroz a la “casta política”, entendida como un entramado de privilegios, opacidad y connivencias entre funcionarios y sectores empresariales. Sin embargo, los hechos que hoy rodean a uno de sus principales voceros, sumados a la reacción defensiva y negadora de la jefatura de Gabinete, parecen replicar —con nuevos discursos— viejas prácticas que se decía venir a erradicar.

MANUEL ADORNI, JUNTO A MARCELO GRANDÍO. AMIGO Y PERIODISTA, QUE TIENE CONTRATO CON LA TV PÚBLICA Y QUIEN HABRÍA PAGADO EL VIAJE A PUNTA DEL ESTE

Desde una perspectiva más amplia, esta tensión entre discurso y práctica se vuelve particularmente relevante en la actual coyuntura económica. El programa de gobierno se apoya en un ajuste fiscal drástico, una contracción del gasto público y una reconfiguración regresiva de la estructura distributiva. La caída del consumo, el deterioro del mercado interno y el aumento de la desigualdad no son efectos colaterales: son parte constitutiva de una estrategia que privilegia la estabilidad nominal por sobre la cohesión social.

En ese marco, la legitimidad del rumbo económico no puede sostenerse únicamente en variables técnicas. Requiere, además, de una construcción política que articule confianza, credibilidad y ejemplaridad. Cuando esa ejemplaridad se erosiona —y cuando, además, desde el propio gobierno se opta por negar o desestimar los cuestionamientos en lugar de responderlos— el ajuste deja de percibirse como un sacrificio colectivo necesario y comienza a leerse como una transferencia regresiva donde siempre pierden los mismos.

Las inconsistencias patrimoniales, los vínculos poco transparentes con proveedores del Estado y la falta de explicaciones convincentes no sólo afectan la imagen de un funcionario en particular. Impactan sobre el corazón del relato oficial y debilitan su capacidad de interpelación social. Porque si quienes comunican el ajuste no encarnan los valores que predican, y si quienes deben dar respuestas optan por eludirlas, el mensaje pierde eficacia y la política se vuelve, una vez más, rehén del descreimiento.

Desde el campo nacional y popular, la discusión no puede reducirse a la denuncia puntual. Debe inscribirse en un debate más profundo sobre el modelo de país que se está configurando. Un modelo donde el Estado se retrae en su función social pero mantiene —y en algunos casos reproduce— zonas grises en su vínculo con intereses privados. Donde se exige austeridad hacia abajo mientras se relativizan prácticas hacia arriba. Y donde la promesa de transparencia corre el riesgo de diluirse no sólo en la opacidad de los hechos, sino también en la negación sistemática de los problemas.

La Argentina no necesita sólo equilibrio fiscal. Necesita coherencia política, ética pública y un horizonte de desarrollo con inclusión. Cuando esos pilares se resquebrajan, no hay relato que alcance para sostener el rumbo.

GRAY Y LA POLÍTICA DE LA INTEMPERIE: gestionar sin Nación y ordenar el peronismo

2026-03-02 00:00:00

Con un tono que combinó gestión, advertencia económica y posicionamiento político, Gray dejó planteado un doble eje para el año: sostener la administración local en un contexto de retracción nacional y disputar el ordenamiento del peronismo bonaerense frente a un escenario que, según su diagnóstico, exige una alternativa clara al rumbo actual.

(02-MAR-26)- Por momentos, la apertura de sesiones en Esteban Echeverría fue más que un acto institucional. Fue la exposición cruda de una tensión estructural: cómo gobierna un municipio del conurbano cuando el Estado nacional se retira de la obra pública, de la asistencia alimentaria y de la inversión en infraestructura básica.

El intendente Fernando Gray, al frente del distrito desde 2007, describió un escenario que excede a su administración: caída del 30% en la recaudación municipal, más de 20 obras nacionales paralizadas y pérdida sostenida de empleo local. La cifra es significativa porque triplica la caída de recursos que, según indicó, atraviesa la provincia de Buenos Aires.

La ecuación es simple pero brutal: menos actividad económica implica menos recaudación; menos recaudación implica menor capacidad de respuesta estatal; y menor capacidad de respuesta amplifica el deterioro social. En ese círculo, el municipio aparece como la última ventanilla.

INTENDENTE DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, FERNANDO GRAY, EN LA APERTURA DE LA SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTEBAN ECHEVERRÍA

Gray fue explícito: hoy el gobierno local está financiando con recursos propios prestaciones que antes cubría la Nación, desde subsidios sanitarios de alta complejidad hasta asistencia alimentaria. El problema no es solo fiscal; es estructural. La descentralización de responsabilidades sin descentralización de recursos erosiona el federalismo real.

► La obra pública como frontera ideológica

El jefe comunal insistió con un dato que condensa el conflicto: “medio bajo nivel enterrado y medio polideportivo construido”. La metáfora involuntaria es potente. La obra inconclusa no es solo cemento; es política pública interrumpida.

En el mismo sentido, volvió a cuestionar el desempeño de EDESUR, señalando que se pagan tarifas internacionales sin infraestructura acorde. Allí también subyace una discusión mayor: tarifas dolarizadas con servicios que no alcanzan estándares internacionales y sin un esquema de control que garantice inversión efectiva.

Consultado sobre la situación del servicio eléctrico, Gray reiteró su postura crítica hacia EDESUR y recordó que en su momento pidió formalmente la quita de la concesión. Si bien señaló que este verano la situación fue menos grave que en años anteriores, insistió en que faltan inversiones estructurales.

“Pagamos tarifas internacionales y no tenemos 220 voltios en muchos lugares del distrito”, afirmó, y exigió que la empresa refuerce la infraestructura para acompañar eventuales inversiones productivas.

Por cuanto las obras, el mandatario comunal cuestionó la decisión del Gobierno nacional de retirarse de áreas como obra pública, asistencia alimentaria y cobertura de medicamentos o intervenciones sanitarias complejas. Aseguró que el municipio está otorgando subsidios para operaciones de alto costo —entre 10 y 20 millones de pesos— ante la desaparición de programas nacionales específicos.

“Estamos cubriendo con recursos municipales cosas que antes cubría la Nación”, afirmó, y remarcó que esa situación tensiona las cuentas locales, pese a que definió a Esteban Echeverría como “un municipio ordenado”, sin endeudamiento vía leasing y con equilibrio fiscal.

Frente a ese escenario, planteó dos objetivos para el año: mantener las cuentas ordenadas y promover la radicación de empresas para compensar la pérdida de empleo. También anunció un esquema de obra pública municipal con recursos propios, que incluye bacheo, veredas, puentes peatonales y reequipamiento del parque automotor.

► El peronismo y la crisis de conducción

Pero la rueda de prensa no fue solo gestión. Fue también posicionamiento interno.

Gray planteó que el Partido Justicialista bonaerense debe ser presidido por el gobernador cuando este es peronista, en este caso Axel Kicillof, como mecanismo de ordenamiento institucional. Sin embargo, advirtió que el espacio “no está ordenado” y rechazó la lógica del “amontonamiento” como sustituto de la unidad.

Aquí aparece un punto central: el intendente no discute únicamente nombres, sino método. Propone internas competitivas, depuración de padrones y apertura partidaria. En otras palabras, institucionalizar la disputa para legitimar liderazgos.

La lectura política es clara: el peronismo atraviesa una crisis de representación y necesita reconstruir autoridad mediante mecanismos democráticos explícitos. No se trata solo de unidad electoral, sino de legitimidad política. Al menos fue lo que dejó entrever.

FERNANDO GRAY JUNTO A JULIO ALAK, INTENDENTE DE LA PLATA, Y UNA IMAGEN SUGESTIVA.

En ese marco también se inscribe su reunión con el intendente de La Plata, Julio Alak, un encuentro que, según explicó, no tuvo carácter excepcional sino continuidad política. Gray relativizó la foto que tomó estado público —con la Catedral platense de fondo— y la encuadró como parte de un diálogo habitual entre dirigentes con experiencia de gestión y responsabilidades institucionales. Más allá del gesto simbólico, el intercambio expuso una preocupación compartida por los problemas estructurales de la provincia y la necesidad de comenzar a delinear una agenda de futuro. En clave interna, la señal es nítida: articulación entre intendentes con peso territorial para incidir en el reordenamiento del peronismo bonaerense y en la discusión estratégica que se avecina.

► Gestión en modo supervivencia

El dato más elocuente de la conferencia fue la caída del 30% en la recaudación municipal. Ese número no es sólo técnico; es político. Implica que el municipio entra en un modo defensivo: optimización de gastos, campañas de pago adelantado de tasas, moratorias para sostener flujo de caja y un programa de obra pública financiado exclusivamente con recursos propios.

Es la política de la intemperie: administrar escasez, contener demanda social creciente y disputar liderazgo partidario al mismo tiempo.

La pregunta que deja flotando Gray no es local. Es sistémica: ¿pueden los municipios sostener el tejido social cuando el Estado nacional redefine su rol hacia una retracción casi absoluta?

Editorial | DAVOS Y LA ARGENTINA DE JAVO

2026-01-21 00:00:00

El discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial y sus reuniones con grandes empresarios internacionales no fueron un hecho aislado ni meramente protocolar. Constituyeron una declaración política de alcance estratégico: la decisión de inscribir a la Argentina en una agenda global donde el mercado es el sujeto central y el pueblo un actor ausente.

(21/01/2026)- Cada enero, en la ciudad suiza de Davos, se reúne el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF), un espacio creado en 1971 por el economista alemán Klaus Schwab. Concebido originalmente como un ámbito de diálogo entre líderes empresariales europeos, el Foro fue ampliando su alcance hasta convertirse en una plataforma global donde confluyen grandes empresarios, banqueros, fondos de inversión, jefes de Estado, organismos multilaterales y referentes políticos. Su objetivo declarado es “mejorar el estado del mundo” mediante la cooperación público-privada; su funcionamiento real, sin embargo, ha sido históricamente señalado como un punto de encuentro privilegiado de las élites económicas globales, donde se discuten agendas estratégicas que rara vez incorporan de manera sustantiva la voz de los pueblos, los trabajadores o los países periféricos.

No es un detalle menor que Davos sea, desde hace décadas, un escenario simbólico del consenso neoliberal: allí se consolidaron diagnósticos, recetas y narrativas que promovieron la desregulación financiera, la liberalización del comercio, la reducción del Estado y la subordinación de las políticas públicas a las necesidades del capital global. En ese marco, la presencia y el discurso del presidente argentino Javier Milei no constituyen una anomalía, sino más bien una reafirmación explícita de esa tradición.

► Un discurso sin ambigüedades

En su intervención ante el Foro Económico Mundial, Milei optó por un mensaje directo, ideológico y sin concesiones. Definió al capitalismo de libre empresa como “el único sistema justo y eficiente”, rechazó de plano cualquier forma de regulación estatal y atribuyó las crisis económicas y sociales de Occidente a la expansión del “socialismo”, la intervención pública y lo que denominó la “agenda woke”. No se trató de un discurso técnico ni orientado a explicar políticas concretas, sino de una pieza doctrinaria, diseñada para ofrecer certezas ideológicas a una audiencia específica: el gran capital internacional.

Desde una perspectiva analítica, el mensaje presidencial cumple una función clara: presentar a la Argentina como un territorio “amigable” para los negocios, dispuesto a remover restricciones, derechos y regulaciones en nombre de la eficiencia del mercado. La noción de justicia que Milei propone es estrictamente económica y contractual; queda por fuera cualquier referencia a la desigualdad estructural, a las asimetrías de poder o a las condiciones históricas de un país periférico como la Argentina.

► La reunión con empresarios: señales, promesas y silencios

El discurso fue complementado por una intensa agenda de reuniones con CEOs, banqueros y representantes de grandes corporaciones globales. Allí, el Presidente reforzó las señales hacia el capital financiero: promesas de libre giro de dividendos, seguridad jurídica entendida como estabilidad para la rentabilidad privada, y un Estado replegado de su rol regulador.

Desde el campo nacional y popular, este punto resulta central. La libre salida de capitales y la apertura irrestricta no son conceptos abstractos: forman parte de una historia económica concreta que en la Argentina ha derivado, una y otra vez, en ciclos de endeudamiento, fuga de divisas y crisis externas. La experiencia histórica demuestra que, sin políticas activas que orienten la inversión hacia el desarrollo productivo, la llegada de capitales suele ser volátil y subordinada a la rentabilidad de corto plazo.

Llama la atención, además, lo que no se dijo. En Davos no hubo referencias sustantivas al empleo, a la industria nacional, a la ciencia y la tecnología, ni al entramado productivo local. Tampoco a la pobreza, la informalidad o la desigualdad. La Argentina presentada ante el mundo fue un “mercado”, no una sociedad.

►Una narrativa civilizatoria para justificar un modelo

Un rasgo distintivo del discurso de Milei fue su apelación a una narrativa civilizatoria: la defensa de “Occidente”, los valores judeocristianos y la tradición liberal como fundamentos de su proyecto económico. Esta construcción simbólica no es inocente. Funciona como una estrategia para despolitizar el debate económico, presentando al libre mercado no como una opción entre otras, sino como un destino histórico inevitable.

Desde esta óptica, cualquier política redistributiva, regulatoria o de ampliación de derechos queda asociada a una desviación ideológica, cuando en realidad forma parte de las herramientas clásicas de los Estados modernos para garantizar cohesión social y desarrollo. El problema no es solo económico: es democrático. Si no hay alternativas posibles, tampoco hay debate.

►Davos como espejo

La participación de Milei en Davos no debe leerse únicamente como un viaje presidencial o una estrategia de posicionamiento internacional. Es, sobre todo, un espejo del proyecto político que encarna. Un proyecto que busca legitimación hacia arriba, en las cúpulas del poder económico global, y que concibe al Estado como un obstáculo antes que como una herramienta de transformación.

Davos muestra con claridad hacia dónde mira el Gobierno. El desafío pendiente es reconstruir un horizonte alternativo que vuelva a mirar a la Argentina real: la que no participa de los foros de poder global, pero sí vive —y padece— las consecuencias de las decisiones que allí se celebran.

Desde el campo nacional y popular, el desafío no pasa solo por la crítica, sino por la reconstrucción de una narrativa alternativa: una que vuelva a poner en el centro la producción, el trabajo, la soberanía y la justicia social. Davos muestra con claridad hacia dónde mira el Gobierno. La pregunta pendiente es hacia dónde queda mirando la Argentina real, la que no está sentada en las mesas del Foro, pero sí padece las consecuencias de las decisiones que allí se celebran.

CUANDO LO "INDEFENDIBLE" SE VUEVE PROGRAMA

2025-12-23 00:00:00

El Presidente despidió el año con el Gabinete. Los reunió el lunes por la noche en la Quinta Presidencial de Olivos para realizar un balance de la gestión 2025 y analizar los objetivos y lineamientos del Gobierno para 2026. En ese marco, el mandatario obsequió a los funcionarios el libro "Defendiendo lo indefendible", del economista estadounidense Walter Block. Todo una declaración de sus principios y los que se sientan cerca de él.

En el marco del actual clima político y económico de la Argentina, marcado por la desregulación, el ajuste y la ofensiva contra el Estado como herramienta de organización colectiva, reaparece con fuerza un libro que no es nuevo, pero sí revelador: Defendiendo lo indefendible, del economista estadounidense Walter Block. Su circulación no es casual ni inocente. Se trata de una obra que expresa, sin matices, la matriz ideológica del liberalismo extremo que hoy busca traducirse en política pública.

Walter Block, referente del anarcocapitalismo y de la vertiente más radical de la Escuela Austríaca, propone en este libro una tesis tan provocadora como peligrosa: toda relación voluntaria entre individuos es legítima y, por lo tanto, no debería ser regulada ni sancionada por el Estado, aun cuando involucre prácticas socialmente dañinas o éticamente aberrantes. Bajo el principio de la “no agresión”, Block justifica desde la usura y la prostitución hasta formas de esclavitud contractual, siempre que exista consentimiento formal entre las partes.

El problema central de este planteo no es solo su radicalidad teórica, sino su profunda desconexión con la realidad social. La mirada de Block parte de un supuesto abstracto: individuos libres, iguales y racionales que negocian en un mercado neutro. Pero en las sociedades realmente existentes —y especialmente en países periféricos como la Argentina— las relaciones económicas están atravesadas por desigualdades estructurales, concentraciones de poder y condiciones materiales que condicionan, cuando no anulan, la supuesta “libertad de elección”.

Desde la perspectiva del campo nacional y popular, esta concepción de la libertad es profundamente regresiva. Despoja a la política de su función redistributiva, invisibiliza las relaciones de dominación y reduce la vida social a una suma de contratos privados. Allí donde el Estado se retira, no emerge la libertad: emerge el poder del más fuerte.

La propuesta de Block elimina deliberadamente cualquier noción de daño social, interés colectivo o responsabilidad pública. El mercado se transforma en un orden moral autosuficiente y la desigualdad deja de ser un problema político para convertirse en un dato natural. En este esquema, los derechos sociales —el trabajo digno, la salud, la educación, la protección frente a abusos— aparecen como distorsiones inadmisibles y no como conquistas históricas de los pueblos.

No es casual que este tipo de ideas gane centralidad en un contexto de ofensiva contra el salario, la industria nacional y las capacidades del Estado. Defendiendo lo indefendible opera como un manual ideológico: busca legitimar el retroceso en derechos, naturalizar la precariedad y justificar la desprotección de las mayorías en nombre de una libertad abstracta que solo resulta plenamente ejercible para quienes concentran recursos.

Desde el IAPP sostenemos una concepción radicalmente distinta: no hay libertad sin igualdad, no hay contratos justos en contextos de necesidad extrema y no hay democracia real sin un Estado presente que garantice derechos y limite los abusos del poder económico. La libertad no puede reducirse a la ausencia de regulación; debe pensarse como una construcción colectiva, anclada en la justicia social y en la dignidad humana.

El verdadero debate que plantea la difusión de estas ideas no es académico. Es político y social. Cuando lo “indefendible” deja de ser una provocación teórica y comienza a orientar decisiones de gobierno, lo que está en juego es el modelo de país: uno basado en la solidaridad, la producción y el trabajo, o uno donde el mercado sin límites decide quién vive con derechos y quién queda librado a su suerte.

Hugo Moreno (Director Ejecutivo de IAPP - Instituto de Análisis y Propuestas Públicas)

Editorial | REFORMA AL PASO, PAÍS EN PAUSA

2025-12-12 00:00:00

El Gobierno inició las sesiones extraordinarias con una agenda que acelera su proyecto de ajuste y disciplinamiento social: reforma laboral, acuerdos a medida con sectores aliados y un Congreso fragmentado que se convierte en campo de disputa. En la semana del Día Internacional de los Derechos Humanos, el movimiento obrero y los organismos elevan su resistencia frente a un modelo que busca desregular la economía, precarizar el trabajo y relativizar derechos esenciales. El país entra en una etapa decisiva.

(SEMANA #50)- El comienzo de las sesiones extraordinarias confirmó lo que el Gobierno venía insinuando desde hace semanas: un intento de profundizar su programa de reconfiguración regresiva del país, acelerando cambios estructurales sin el debido consenso democrático. La agenda elevada al Congreso no es la de un Ejecutivo dispuesto a dialogar, sino la de un proyecto que busca acumular poder y disciplinar a la sociedad. Entre todas las iniciativas, la reforma laboral sobresale no solo por su contenido, sino por su significado político: es el corazón de un modelo que prioriza la desregulación, la precariedad y la reducción del Estado como garante de derechos.

Este movimiento ocurre en un escenario parlamentario nuevo, producto de la recomposición legislativa tras las elecciones del 26 de octubre. Con un Congreso más fragmentado y sin mayorías propias, el oficialismo, a pesar de lograr la primera minoría en Diputados, se ve obligado a negociar ley por ley y para ello están atentos al menos 20 mandatarios provinciales de 24 jurisdicciones.

Pero lejos de moderar su estrategia, apuesta a acuerdos selectivos con sectores “dialoguistas” para intentar avanzar en un rediseño profundo del plexo normativo laboral y económico. En la otra vereda, los bloques identificados con el movimiento nacional y popular, junto a fuerzas progresistas, enfrentan el desafío de consolidar la unidad y construir mayorías circunstanciales que frenen los retrocesos y sostengan una agenda alternativa de desarrollo con inclusión.

La reforma laboral enviada al Senado retoma los postulados previamente frenados por la Justicia: ampliación del período de prueba, abaratamiento del despido, reducción de multas por trabajo no registrado, flexibilización de modalidades contractuales y debilitamiento del sistema de negociación colectiva. Presentado como “modernización” y “creación de empleo”, el proyecto no oculta su objetivo real: debilitar la capacidad de defensa del movimiento obrero, encarecer la resistencia organizada y achicar el costo del trabajo en beneficio del poder económico concentrado.

En este punto, el rol de las centrales sindicales vuelve a ser determinante. La CGT, tras meses de diálogo estéril, asumió una posición más firme: no habrá acompañamiento a ninguna iniciativa que implique retrocesos históricos. La CTA de los Trabajadores reivindicó la tradición de un sindicalismo sociopolítico comprometido con la defensa integral del trabajo y del Estado social. La CTA Autónoma, por su parte, enmarcó la reforma en un programa mayor de ajuste, privatizaciones y desmantelamiento del sector público. Las diferencias tácticas entre las centrales no impiden una coincidencia estratégica: la reforma laboral es un límite infranqueable, y su aprobación marcaría un punto de inflexión negativo para el conjunto de la sociedad trabajadora. Y para ello, el 18 de diciembre será un día clave: para los trabajadores, para sus representantes y para el mismo gobierno.

Este debate se dio en una semana marcada también por la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que adquiere otro peso en un contexto donde proliferan discursos negacionistas y se recortan presupuestos esenciales para la memoria, la verdad y la justicia. En las calles y en los organismos se reafirmó un principio central que la tradición democrática argentina consolidó en las últimas décadas: los derechos humanos son indivisibles. No puede haber democracia plena si se vacía de sentido el derecho al trabajo digno, si se profundizan las desigualdades, si se restringe el rol del Estado o si se relativiza la tragedia del terrorismo de Estado. Defender los 30.000 y defender el derecho al salario, la salud, la educación y la igualdad no son luchas separadas; forman parte de un mismo proyecto de país; o al menos, debería.

En paralelo, el Gobierno insiste en exhibir la desaceleración inflacionaria como prueba de éxito económico. Sin embargo, la realidad social desmiente cualquier narrativa de alivio: los salarios siguen por debajo del poder adquisitivo de años anteriores, la pobreza se mantiene en niveles alarmantes y la actividad industrial muestra señales de estancamiento. No hay redistribución, no hay derrame, no hay horizonte de mejora para las mayorías populares. La estabilidad nominal no alcanza cuando el modelo económico sigue concentrando riqueza y achicando derechos.

La semana deja un síntoma inequívoco: la Argentina está frente a un momento de definiciones profundas. El Senado será, en los próximos días, el escenario donde se juegue la primera batalla institucional del nuevo ciclo político. En Diputados estarán atentos a aprobar un presupuesto para el 2026 que olvida y se desentiende de los jubilados, desocupados, de las personas con discapacidad y del personal del Garrahan. Pero el verdadero debate excede la votación de una ley. Lo que está en discusión es el rumbo del país: si avanzamos hacia un modelo de ajuste eterno y flexibilización permanente, o si defendemos una tradición que entiende que el crecimiento solo tiene sentido cuando se traduce en derechos, igualdad y justicia social.

► ES LA ECONOMÍA, JAVO

El Gobierno continúa celebrando la desaceleración del índice de precios como si fuera un programa económico en sí mismo, cuando en realidad responde a un conjunto de factores recesivos —caída del consumo, contracción del salario real, freno de la actividad y atraso cambiario— que no generan bienestar social sino empobrecimiento extendido. La baja inflacionaria, presentada como “éxito”, se apoya en el ajuste brutal sobre los ingresos de trabajadores, jubilados y sectores medios, mientras la canasta básica y los medicamentos siguen desplazados del radar oficial.

En paralelo, la economía real sufre un fenómeno que ya muchos industriales, economistas y gremios describen sin eufemismos: un verdadero industricidio.

El récord de importaciones registrado en los últimos meses funciona como una tromba sobre el aparato productivo nacional: sectores enteros de la industria textil, calzado, metalmecánica, línea blanca y autopartista enfrentan competencia desleal, caída abrupta de ventas y un escenario de inviabilidad creciente. Las suspensiones se multiplican, los despidos se aceleran y las fábricas operan con mínima capacidad o directamente paralizadas.

A este cuadro se suma el impacto de la suba de los servicios públicos —energía, agua, transporte— que encarece costos, golpea la estructura productiva y profundiza la recesión. La fórmula es conocida: tarifas dolarizadas para las empresas proveedoras, costos crecientes para la industria y un efecto contractivo que se derrama sobre el empleo y el consumo.

El modelo económico del Gobierno no impulsa la producción ni la inversión: sustituye industria nacional por importaciones, achica el mercado interno y consolida un patrón primario-financiero. En lugar de “eficiencia”, lo que emerge es un país más dependiente, más desigual y con menor densidad industrial. Un deja vú de los años oscuros de la Argentina.

......

Desde el campo nacional y popular, la respuesta debería ser clara y contundente. La democracia se fortalece cuando el trabajo es un derecho, cuando los derechos humanos son una política de Estado, cuando el Congreso no es una escribanía del poder económico y cuando la sociedad organizada hace valer su voz. El desafío de los próximos meses será sostener esa perspectiva con firmeza, unidad y amplitud. Porque no está en juego solo una reforma: está en juego el país que queremos construir para las próximas generaciones.

hm: hugomoreno

Editorial | PRESUPUESTO CON GPS, POLÍTICA SIN MAPA

2025-11-28 00:00:00

La Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, pero el conflicto por la Ley de Financiamiento expuso la fragilidad del sistema político. En el Congreso, la postergación del pliego de Lorena Villaverde y la implosión del interbloque federal muestran un mapa de poder en redefinición. Entre tanto, el ajuste avanza y el salario no se mueve, no es vital y solo es mínimo.

(SEMANA #48)- La semana política dejó un saldo que, lejos de ofrecer señales de estabilidad, confirma que el país transita una etapa de tensiones múltiples. La provincia de Buenos Aires aprobó su Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, consolidando los lineamientos de un esquema fiscal que intenta sostener inversión social e infraestructura en medio de un derrumbe económico nacional. Es un gesto político relevante de Axel Kicillof, que logró sostener consensos internos y externos para avanzar en dos de las tres herramientas centrales de gestión.

ALEXIS GUERRERA Y FACUNDO TIGNANELLI, A PURA ROSCA CON SERGIO MASSA DEL OTRO LADO DEL TELEFONO.

Pero esa victoria se vuelve apenas parcial: la Ley de Financiamiento, clave para garantizar la sustentabilidad de ese Presupuesto, se cayó por falta de quórum en un episodio que expone tanto disputas internas como el peso específico de las negociaciones territoriales. Sin financiamiento, el Presupuesto corre el riesgo de transformarse en un programa declamativo más que en una hoja de ruta efectiva. Y ahí aparece un punto neurálgico: cuando la política no logra ordenar sus instrumentos básicos —el crédito, la inversión, los recursos—, termina cediendo terreno a la lógica del ajuste permanente que hoy impulsa Nación.

El escenario en el Senado tampoco trajo alivio. La postergación del pliego de Lorena Villaverde, rodeada de controversias judiciales y políticas, dejó al oficialismo nacional golpeado en un terreno donde esperaba mostrar fortaleza simbólica: el ingreso pleno de su bloque. El rechazo en comisión y el envío del expediente nuevamente a revisión exhiben una señal inequívoca: incluso en un Congreso fragmentado, la institucionalidad cívica y parlamentaria todavía conserva resortes para resistir decisiones que cruzan ciertos límites éticos o jurídicos. Para un Gobierno que ejerce el poder con impronta personalista y confrontativa, este traspié no es una anécdota: es un recordatorio de que la democracia tiene defensas que no siempre pueden ser doblegadas.

MIGUEL A. PICHETTO, NERVIOSO POR LA PRESIDENCIA DEL BLOQUE Y UNA RUPTURA ANUNCIADA.

En Diputados, la situación fue directamente un terremoto. El intento de construir un interbloque articulado por los gobernadores del Norte Grande y de Provincias Unidas terminó en ruptura abierta. Miguel Ángel Pichetto, figura central en la construcción de un espacio federal moderado, anunció la caída del acuerdo, dejando a esa pretendida "tercera fuerza" reducida a una idea inconclusa. La pelea por la conducción del bloque —Scaglia propuesta por los gobernadores vs. Pichetto defendiendo su continuidad— terminó revelando tensiones más profundas: la disputa por el rol del federalismo en un país que vuelve a recentralizar recursos y poder en plena crisis.

En este tablero, la UCR intenta reconstruir una identidad parlamentaria que viene erosionada. Su búsqueda de reunificación es tanto un intento de supervivencia como un gesto de resistencia a un sistema político que empuja a la disgregación. Pero lo que debía ser un vector de orden termina siendo otro capítulo de la atomización opositora.

El saldo general de la semana es doble: por un lado, un oficialismo nacional que acumula tropiezos; por otro, una oposición fragmentada que no logra formular un proyecto integral para resolver la crisis. En el medio, millones de personas padecen la inflación, el deterioro del empleo, la caída del consumo y la ausencia de horizonte.

La reactivación del Consejo del Salario, después de meses de parálisis, llegó envuelta en un clima político y social cargado de tensiones. No era una instancia técnica, sino profundamente política: se discutía si el Salario Mínimo, Vital y Móvil seguiría siendo “vital y móvil”, o si quedaría reducido a un indicador casi decorativo dentro de un plan económico basado en el ajuste del ingreso laboral. El valor vigente —$322.000 para trabajadores mensualizados— expresa de por sí la dimensión del deterioro: cubre menos de la mitad de la canasta básica y ya no funciona como referencia real ni para el mercado de trabajo ni para la protección social.

CONSEJO DEL SALARIO POR ZOOM, NI VITAL Y MUCHO MENOS MÓVIL

La reunión del Consejo expuso con crudeza esa fractura. Las cámaras empresarias llegaron con una propuesta irrisoria: subir el mínimo apenas a $326.000, una actualización que no cubre ni dos días de inflación acumulada. La proyección hacia abril de 2026 —apenas $349.000— confirma que la estrategia patronal es consolidar un salario mínimo por debajo del umbral de indigencia. En contraste, la CTA Autónoma reclamó $736.000, cifra basada en el costo de vida efectivo, mientras la CGT planteó llevarlo a $512.000 a corto plazo. La distancia entre las propuestas no solo muestra posiciones diferentes, sino modelos de país contrapuestos: un país de trabajadores empobrecidos y disciplinados o un país que reconoce la dignidad del ingreso como condición para la cohesión social.

Fracasada la negociación, la reunión terminó con el Gobierno anunciando que resolverá la actualización por decreto, una modalidad que convierte al Consejo en una escenografía vaciada y confirma la inclinación del oficialismo hacia el sector empresario. Lo que debería ser una instancia tripartita de equilibrio se transforma, así, en un mecanismo unilateral en el que el Ejecutivo actúa como garante del techo salarial.

......

Toda esta dinámica, política y económica, obliga a una reflexión profunda. El problema no es solo lo que se decide, sino lo que se posterga, lo que se abandona, lo que se desdibuja por las internas o la incapacidad de construir acuerdos estratégicos.

Si algo enseña esta semana es que la democracia argentina necesita recomponer su músculo de gobernabilidad, entendido no como obediencia vertical (o debida) a un liderazgo coyuntural, sino como capacidad colectiva de definir rumbos, priorizar políticas públicas y sostener derechos.

Entre los retrocesos y las tensiones, todavía asoman señales de resistencia institucional y de vocación territorial para sostener inversiones, proteger a los sectores vulnerables y defender capacidades productivas.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: -¿podrá la dirigencia política transformar esta conflictividad en una construcción superadora, o volverá a quedar atrapada en la mezquindad del cortoplacismo?

Creer en una salida democrática implica confiar en que la respuesta aún puede ser la primera. Pero no sucederá sin responsabilidad, sin debates honestos y sin un compromiso firme con los sectores que más sufren el modelo de ajuste actual impuesto por un gobierno libertario que ruge ante el silencio de una oposición que no logra encontrar el rumbo.

Ahí está el desafío, y ahí también la oportunidad. En encontrar el camino de manera colectiva, sin egos, con debates; y la mirada puesta en una Argentina posible. La Argentina enfrenta un dilema que es también una encrucijada ética. O profundiza un modelo que convierte el salario en un costo, la política en un obstáculo y al Estado en un espectador privilegiado de la desigualdad, o reconstruye un horizonte basado en la justicia social, la producción y la solidaridad.

hm: hugo moreno

Opiníon | TANTA ALEGRIA SEGUIDA ME VA A MATAR

2025-11-16 00:00:00

(Por Carlos Fara)- Milei le canta a Trump estos días, “llévame a la Luna… déjame ver cómo es la primavera en Júpiter y Marte… sostén mi mano… eres todo lo que anhelo, todo lo que venero y adoro”. Y Donald, como buen novio galante, trata de cumplir todos los deseos de su ¿amigo? ¿socio? Primero fue un apoyo político, luego empezaron a llegar las efectividades conducentes y ahora lo estaría sumando “al desarrollo”. Por lo pronto, sabemos que el amigo americano ya ganó dinero con su osadía.

El presidente, que reduce sus análisis sobre cualquier tema a una ecuación, señaló que una de las genialidades de la nueva administración republicana es el cambio en el sistema de incentivos: ahora, si nos portamos bien, tenemos beneficios concretos, mientras que antes los encolumnados no recibían nada. Pues es hora de apretar el acelerador a fondo con las nuevas relaciones carnales. Así llegará de todo. ¿A qué costo? Esa respuesta te la debo.

El triunfo electoral, además de shockear a la oposición y sorprender al mundo económico y político mundial, le está permitiendo al león libertario avanzar a fondo con una nueva arquitectura de las relaciones internacionales argentinas que influirá en el esquema de poder interno, con ganadores y perdedores, porque la felicidad siempre es un activo desigual. ¿Tendremos, como en los ´90, la coalición de los globalizados vs. la coalición de los mercado-internistas? Es probable, aunque la sociedad y el mundo es más complejo que hace 30 años y el juego está repartido de otra forma.

Nuestra debilidad económica y política en el concierto global nos ha convertido en un campo de ensayo de la nueva era americana en la región. ¿Acaso China se quedará de brazos cruzados frente al despertar trumpista? El imperio del medio ya ha dado muestras de que mira todo con una perspectiva de largo plazo que los occidentales a veces extravían. ¿Seremos el gran ejemplo que el amigo Donald quiere mostrarle al resto de Latinoamérica? Quizá sí, pero antes debemos hacer algunas tareas.

Hamlet anda recorriendo las torres del castillo de Kronborg con una calavera en la mano reflexionando “flotar o no flotar, esa es la cuestión”, y en función de eso, también medita “acumular reservas o no, esa es otra cuestión”. Toto se la pasa afirmando que 1) no se puede salir del esquema de bandas por ahora, y 2) que no parece tener sentido juntar dólares como le piden el FMI y los mercados. Corre riesgos, pero este es un gobierno de temerarios, a no olvidarlo, que va a jugar en el fleje todo el tiempo. Ergo, no va a acumular muchas divisas. Y me permito especular que tampoco va a acumular amigos.

Los gobernadores neo dialoguistas están concluyendo que el oficialismo no los está convocando a negociar, sino que los está invitando a que apoyen las reformas que quiere impulsar, lo cual es un poco distinto. Eso puede ser parte de una estrategia: solo te pido lo que yo necesito, para luego flexibilizar mis demandas y ver qué te puedo dar. Pero dados los malos antecedentes del mileísmo, eso puede complejizar el avance de los proyectos, de lo cuales solo hay especulaciones. Recuérdese que esta gestión está obligada a mantener altos estándares de superávit fiscal en los próximos dos años, lo cual le limita sus márgenes para ser dadivosa.

Ya sabemos que el PRO mantendrá sus bloques -disminuidos- independientes de LLA. Después de los tragos amargos que sufrió Macri en los últimos meses, era esperable que los que conservan la camiseta amarilla no aceptasen perder identidad, al menos en el corto plazo. Los que no atravesaron el Jordán, es porque realmente serán difíciles de seducir para ser violetas. Dicha decisión los pone en valor al no aceptar licuarse: 16 diputados que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte en votaciones claves.

Macri trabajará para hacérsela difícil a Milei. Por eso también dijo que en 2027 su partido tendrá un candidato a presidente propio. Es decir, ninguna facilitación. La impronta vengativa del calabrés seguro jugará con su máxima expresión. Tiene claro que el presidente solo entiende un lenguaje: el de la dureza del poder expresado en números concretos. ¿Se acabó la era de la buena onda para ayudarlo a gobernar? Le dio todas las manos posibles y, como era de esperar, los hermanos confirmaron que son impiadosos y malos pagadores.

Si el socio más cercano del gobierno se comporta así ¿por qué los dialoguistas más lejanos deberían ser más concesivos después de lo visto estos dos primeros años? “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. El viejo refrán estará más al día que nunca. Los gobernadores lo esperarán al gobierno sin apurar el juego, para ver si se equivoca una vez más.

Un párrafo especial merece la saga de las funciones que tendrá Santilli. Le sacaron cosas, pero le volvieron a dar algunas. Los Milei no tienen paz: abrazan y bailan, pero estrujan. En su versión más auténtica, limitan sin consideraciones estratégicas. ¿Con qué imagen queda el nuevo ministro del interior frente a sus interlocutores? Éstos dudan si no están frente a un Francos II, que comprometía cosas que luego quedaban en veremos.

Entre todas las maravillosas noticias positivas que está recibiendo el gobierno, se debe destacar que habrá una cosecha récord de trigo, cuyas divisas empezarán a llegar en diciembre. Si a esto se le agrega que el clima de optimismo está incentivando a las provincias y a las empresas a endeudarse en dólares, significa que la oferta de divisas estaría estabilizada hasta que llegue la lluvia de verdes del trimestre de oro. Es decir, no habría cuello de botella, sino todo lo contrario, pudiendo mantener el valor dentro de los límites de la banda. Si esto es así, tendría garantizado un bajo impacto de las oscilaciones de la cotización sobre la inflación, y así quebrar la barrera del 2 % mensual (que se ve resistente).

Al Javo la vida le sonríe. Tanto que podría cantar como Los Auténticos Decadentes “tanta alegría seguida me va a matar…”.

(*) Analista Político. Presidente de International Association of Political Consultants. Autor de: Cómo ser un consultor político?

Editorial | CUANDO EL AJUSTE ES EL PLAN

2025-11-15 00:00:00

Inflación en alza, reforma laboral en puerta, universidades al límite, pujas dentro del Gobierno y la incertidumbre por el salario mínimo marcan la semana. Un país que enfrenta una agenda oficial llena de tensiones y sin respuestas para la mayoría.

(SEMANA #46)- Transitamos una semana donde el desconcierto económico y las tensiones dentro del propio oficialismo marcan una profundización del deterioro social. El Gobierno vuelve a quedar expuesto en su incapacidad para ofrecer un horizonte de estabilidad económica poniendo en riesgo a trabajadores registrados y monotributistas.

Las señales son claras, pero el rumbo no cambia: ajuste sobre los sectores populares, debilitamiento del Estado y un intento de avanzar sobre derechos laborales y sociales que han sostenido el entramado democrático durante años.

► En la trama del poder, nada es casual

La inflación de octubre —que acumula 28,4% en 2025 y 31,3% fue el interanual— sigue en niveles que erosionan el salario real, y la perspectiva de un noviembre que podría escalar nuevamente anticipando un cierre de año complejo para quienes viven de su ingreso cotidiano, con paritarias a la baja y la decisión del gobierno de ponerle un techo a los salarios.

El relato oficial insiste en la “normalización”, pero la realidad es más cruda: alimentos básicos, tarifas y alquileres, prepagas y colegios, continúan presionando a las familias argentinas, y no hay política pública consistente para recomponer el poder adquisitivo. No hay política pública porque no hay voluntad política.

Mientras tanto, el Gobierno acelera su proyecto de reforma laboral, que apunta a pulverizar la negociación colectiva sectorial, flexibilizar derechos básicos y trasladar más costo y riesgo hacia los trabajadores. Rebautizada como “modernización”, la iniciativa no es otra cosa que un viejo ideario empresarial que busca convertir al trabajador en una variable de ajuste, justo en un momento en que la precariedad y la incertidumbre golpean con mayor fuerza. La reacción de la CGT refleja esa tensión: una parte dispuesta a dialogar para no quedar marginada del debate, y otra —más combativa— decidida a resistir una reforma que, tal como está planteada, implica retroceder décadas.

LOS BOLSILLOS SE REFLEJAN EN LOS CHANGUITOS Y CANASTOS

A este escenario se suma el inminente debate del Presupuesto 2026, donde el oficialismo propone una ingeniería fiscal que profundiza el ajuste sobre educación, salud y políticas sociales. Un debate que se traslada como moneda de cambio con gobernadores de todos los signos políticos, incluyendo gobernadores peronistas.

Las universidades públicas alertan que atraviesan su peor momento en veinte años: salarios docentes a la deriva, falta de recursos básicos y un presupuesto que no alcanza para sostener la actividad académica normal. No se trata solo de números: se juega la defensa del conocimiento, de la movilidad social, del derecho a aprender y enseñar. Y, por lo tanto, del país que queremos ser.

En paralelo, el Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para el 26 de noviembre. El salario mínimo hoy está por debajo de cualquier canasta razonable, acumulando una pérdida alarmante. La discusión será clave, pero otra vez aparece la lógica de cercenar el debate: reunión virtual, acelerada y con escaso margen para una negociación real. El piso salarial es la base del sistema de protección social, no un formalismo. De su actualización depende la vida de millones de personas.

► Esas relaciones carnales

Esta semana volvió a moverse el tablero entre Argentina y Estados Unidos: ambos gobiernos anunciaron un marco para un nuevo acuerdo comercial bilateral que incluye comercio preferencial y reducción de aranceles, entre otros puntos. Este anuncio no es un hecho aislado: ocurre en un contexto de fortalecimiento de la relación entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, con el swap de monedas y la asistencia financiera de Estados Unidos a nuestro país como medidas recientes.

DONALD TRUMP y JAVIER MILEI, LA SONRISA QUE SELLA LA ENTREGA

Si bien es cierto que aun no hay texto final -aún no fue firmado ni publicado-, existe un borrador que da cuenta que la Argentina otorgaría acceso preferencial a distintos bienes estadounidenses (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología y productos agrícolas) y, entre otros acuerdos, aceptaría reconocer controles de calidad realizados en Estados Unidos. Es decir, un alimento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no requerirá el análisis de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Todo marca una presión de los EEUU para que los argentinos caigamos en sus garras, y donde el "topo" está dispuesto a entregarnos.

► La política también escribe sus ficciones

En el terreno político, el oficialismo vivió su propia novela interna. La asunción del nuevo ministro del Interior reconfiguró el mapa de poder entre Patricia Bullrich, Manuel Adorni y las distintas facciones que conviven en un gobierno que, lejos de consolidarse, parece debatirse en internas permanentes.

PATRICIA BULLRICH Y MANUEL ADORNI: A FELICIDADE NAO TEM FIM

El Consejo Nacional del PRO, por su parte, mostró un espacio en tensión, oscilando entre la subordinación al proyecto de Milei y la necesidad de reconstruir una identidad propia que por estas horas está desteñida. Estos movimientos no son menores: podrán afectar la gobernabilidad y el modo en que se procesan —o se imponen— las reformas sobre la sociedad.

Esta semana vuelve a confirmar lo que advertimos desde hace un tiempo: una democracia se vacía cuando la política deja de mirar a la sociedad y se obsesiona con la contabilidad del ajuste -el famoso excel del poder libertario-. Cuando el Estado retrocede y la desigualdad avanza; cuando los derechos se vuelven el blanco preferido de quienes creen que modernizar es desarmar, se evidencia el objetivo del gobierno: minorías por mayorías, individualismo por lo colectivo, mercado por Estado.

Pero también esta semana deja otra señal: la resistencia sigue viva. Está en los gremios que se organizan. En los docentes universitarios que no renuncian a defender la educación pública. En los economistas, investigadores y organizaciones sociales que siguen produciendo diagnóstico y propuestas. Está en la conciencia colectiva que empieza a comprender que detrás de cada recorte hay un modelo de país en disputa.

► Cuando el relato se quiebra, aparece la verdad

La coyuntura es dura, sí. Pero no definitiva. La historia argentina demuestra que cada vez que la desigualdad se vuelve política de Estado, la sociedad encuentra caminos para revertirla. Este es un tiempo que exige lucidez, organización y esperanza activa: no aceptar que el futuro se escriba desde la resignación, sino desde la construcción colectiva.

Porque la verdadera modernidad no se alcanza desmontando derechos, sino ampliándolos. No se construye achicando el Estado, sino volviéndolo más justo y eficiente. Y no se logra enfrentando a los trabajadores, a los docentes y a los más vulnerables, sino convocándolos como protagonistas, incluirlos y no expulsarlos del sistema.

La Argentina que viene dependerá de nuestra capacidad de defender lo conquistado y de imaginar lo que aún falta. Y en ese desafío, hay un papel insoslayable: sostener un proyecto de país donde la igualdad, el trabajo digno, los medios productivos, la salud y la educación pública, la ciencia, la tecnología y la justicia social no sean eslóganes, sino la base misma de nuestra vida democrática.

Por Hugo Moreno

Editorial | EL COSTO DEL CAOS y EL PRECIO DE LA ENTREGA

2025-11-08 00:00:00

La crisis política que se desató tras las elecciones legislativas expuso la fractura interna del oficialismo. Sin plan económico integral, supeditado en el salvataje financiero y con una agenda dictada desde el exterior, la administración de Milei profundiza el ajuste y acelera un proceso de deterioro institucional que amenaza la convivencia democrática.

(SEMANA #45)- La semana posterior a las elecciones legislativas deja un saldo que supera cualquier escenario de crisis. Lejos de mostrar control y previsibilidad, el Gobierno terminó hundido en su propio desorden: con una conducción política sin brújula, sin horizonte económico y con una soledad institucional que deja sin ropas el experimento ideológico libertario.

El plan de ajuste sigue en marcha, pero ahora se impone por decreto, por coerción y por omisión del debate democrático. Para blindar ese ajuste, el gobierno tienen decidido avanzar sobre los gobernadores, siendo el puente entre el Ejecutivo y los diputados y senadores. Cooptar a los gobernadores con dádivas, es comprar voluntades en ambas Cámaras, y ese el objetivo mientras espera la nueva composición de Diputados para, por ejemplo: las reformas laboral, tributaria y previsional. En definitiva, la gestión se vacía de contenido político y se convierte en una maquinaria de imposiciones al servicio de los acreedores externos y de los intereses geopolíticos que garantizan el tutelaje financiero.

I. La fractura del poder: del relato al desconcierto

La renuncia de Guillermo Francos y Lisandro Catalán desarticuló lo poco que quedaba del “puente político” entre la Casa Rosada y los gobernadores. Fue más que una crisis de gabinete: fue la confirmación de que el poder se ha concentrado en un núcleo cerrado, impermeable a la realidad social y política del país.

El ascenso de Manuel Adorni a Jefe de Gabinete sintetiza la prioridad del Ejecutivo: comunicación y obediencia antes que gestión y diálogo. Así es como el Gobierno ha demostrado que le incomoda la política y que, al reemplazarla por la propaganda, solo puede garantizar una escalada de conflictos institucionales.

Detrás de esta deriva late una lógica de subordinación. La estabilidad cambiaria preelectoral se sostuvo en un Swap de divisas con el Tesoro de Estados Unidos que compromete la soberanía económica y ata el destino nacional a los dictados del capital financiero. El costo del ajuste es, en definitiva, el precio de la entrega.

No obstante, el propio Milei lo sella con sus dichos: “El Tesoro estadounidense intervino cuando vio una oportunidad de negocio”. Muy claro, y sin mentiras.

II. El ajuste silencioso: asfixia federal y miseria decretada

Mientras el relato presidencial insiste en el “orden macroeconómico”, el ajuste avanza sobre la vida cotidiana y sobre la estructura federal del país. La prórroga del Presupuesto 2025 para el ejercicio 2026 sería el mecanismo técnico de una decisión política: licuar los recursos de las provincias y condicionar su autonomía a la obediencia fiscal. Se suspenden obras, se desfinancian programas sociales y se vacían las partidas de salud y educación. Por eso los gobernadores de las provincias hundidas están dispuestos a emerger con el ingreso de ATN como moneda de cambio para la aprobación de la Ley de leyes para 2026 (El Presupuesto, versión libertario).

En paralelo, el Consejo del Salario parece perder de toda legitimidad. El monto impuesto por decreto, sin acuerdo entre empresarios y sindicatos, convierte al Salario Mínimo Vital y Móvil en un instrumento de disciplinamiento social. Esta estrategia de “desinflación recesiva” se sostiene en la licuación del ingreso de los trabajadores y jubilados, consolidando una pobreza estructural que el Gobierno disfraza y se esmera en comunicar el supuesto "éxito económico".

III. El frente de resistencia: la hora de frenar la entrega

La disputa por la Ley Bases II condensa la confrontación central de esta etapa. Bajo el eufemismo de “modernización laboral”, se esconde un intento de demolición del marco de derechos conquistados por el movimiento obrero argentino: se busca destruir el andamiaje sindical que garantizó, durante décadas, un piso de dignidad y justicia social.

Frente a este escenario, la reacción del campo popular no puede limitarse a la denuncia. La fractura del poder abre una oportunidad para articular una alternativa política y social que frene el avance del ajuste y reconstruya la esperanza. La unidad sindical y la organización territorial emergen como pilares de una resistencia que no solo defienda derechos, sino que proponga un nuevo rumbo.

► Reconstruir desde abajo, recuperar el sentido

El caos no es solo producto de la improvisación: es la consecuencia lógica de un proyecto que desprecia la política, vacía al Estado y entrega soberanía. Pero cada crisis encierra una posibilidad. El campo nacional y popular tiene la tarea histórica de transformar la resistencia en propuesta, de volver a poner en el centro al trabajo, la producción y la dignidad como motores de desarrollo y justicia.

Porque cuando el poder se descompone, es el pueblo el que debe organizar la esperanza.