LA MASACRE DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
PUBLICADA 22-NOV-2018 | Por HUGO MORENO
En la provincia de Buenos Aires es ilegal alojar personas en comisarías, un fallo de la Corte Suprema en 2005 lo declaró inconstitucional. Sin embargo hay más de 4000 personas detenidas en alcaldías y comisarías. Para la CPM, el hacinamiento es moneda corriente en las comisarías bonaerenses.
Así es, ya son ocho los detenidos que murieron por el incendio que se produjo en la madrugada del jueves pasado en la Comisaría 3° de Esteban Echeverría.
El incendio se produjo en el interior de un calabozo que había sido clausurado y que debía permanecer desocupado. Como esa seccional, son más de cien las comisarías de la provincia de Buenos Aires que tienen celdas inhabilitadas por no garantizar las condiciones mínimas de seguridad para los presos. Pero al decir verdad, existe otro informe que da cuenta que hay más de 300 dependencias con clausuras.
Todo transcurrió durante una madrugada en el calabozo de la Comisaría de Esteban Echeverría ubicada sobre Camino de Cintura, en la localidad de 9 de Abril, cuando presuntamente los presos prendieron fuego un colchón a modo de reclamo por las condiciones de detención, mientras que la Policía habló de un “motín” y luego de “un intento de fuga”.
Frente a los dichos oficiales, una fuente con acceso a la causa rechazó esa versión y detalló que fallaron los matafuegos y que “el agua había sido cortada en forma adrede”. Para la CPM resultan fundamentales los testimonios en sede judicial de los sobrevivientes de la masacre que indican que no hubo intentos de motín ni de fuga.
Los relatos coinciden en que la policía, primero, cortó la luz en los calabozos cuando un grupo de detenidos se negó a apagar la música. Esa decisión, sumada a las degradantes condiciones de alojamiento como la falta de colchones, derivó en una protesta con fuego por parte de los detenidos, 27 en esa Comisaría. Fue allí cuando los efectivos deliberadamente cerraron el suministro de agua a los calabozos que habría evitado las muertes. “Ahora se van a quemar como las ratas que son”, escucharon varios sobrevivientes de parte de los efectivos que asistían al horror y en medio de los pedidos desesperados de ayuda.
Datos alarmantes
Pero existen datos sobre las detenciones en comisarías que son al menos preocupantes y encienden una alerta. En primer lugar, porque según cifras de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), hay 109 comisarías “inhabilitadas por orden judicial o administrativa”, donde se alojan 1.269 detenidos. Pero además, por la sobrepoblación superior al 200 por ciento en las seccionales bonaerenses, donde se llegaron a registrar 3.097 detenidos para 1.040 camastros.
Por otra parte, y de acuerdo a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la provincia hay 4.052 personas detenidas en lugares que no están en condiciones (desde comisarías hasta alcaidías). “Esta comisaría tenía una clausura judicial y administrativa que no se respetó”, indicaron desde el CELS.
Las detenciones en comisarías aumentan aceleradamente por la presión del gobierno y por la falta de una respuesta judicial que detenga las violaciones de derechos. Entre septiembre y octubre aumentaron 9%, lo que llevó a la cifra más alta de detenidos en comisarías de los últimos 10 años.
Por otra parte, la Suprema Corte provincial no da respuesta a los reclamos. El gobierno no cumple decisiones judiciales y el Estado argentino incumple las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le exige respuestas en el marco de medidas cautelares que el Estado menosprecia.
La voz oficial
Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense le tiraron la pelota a la Justicia y señalaron que “por un lado los jueces clausuran comisarías por hacinamiento y el mismo día mandan detenidos, es una contradicción que ellos deberían resolver”. Pero del ministerio que conduce Cristian Ritondo aseguran que “La policía de la Provincia no quiere tener presos por tiempo indeterminado”.
De hecho, uno de los fallecidos, Miguel Ángel Sánchez, había sido detenido por "tenencia simple de estupefacientes" en una causa que instruía el juez Javier Maffucci Moore, el mismo magistrado que había ordenado la clausura de esa comisaría para detenciones.
El antecedente más reciente es el ocurrido en Pergamino en marzo del año pasado, donde siete presos murieron cuando se incendió una celda durante un reclamo por mejoras en las condiciones de detención. Según la CPM, en Esteban Echeverría no había una red de prevención de incendios y los matafuegos estaban vencidos.
Masacre
Autoridades de la CPM, aseguraron que producto de esa "brutal masacre" murieron siete personas y según informaron en la noche del lunes falleció Walter Barrios, un joven de 21 años que llevaba 2 meses detenido por "encubrimiento, que implica penas mínimas de entre 6 meses a 3 años".
El documento sostiene que "el fuego podría haber sido rápidamente apagado de no haber sido cortado arbitrariamente el suministro de agua hacia los calabozos" y de esa manera podrían haberse evitado las ocho muertes.
En esa línea remarcaron que "se trata de la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas y, tal como viene señalando la Comisión Provincial por la Memoria, es el resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres".
Por eso, la CPM exigió "avanzar en las responsabilidades de los efectivos y autoridades de la Comisaría 3°" y apuntaron contra la gestión de Vidal y contra la Justicia: "la CPM repudia esta nueva masacre y responsabiliza al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense".