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BUE | 29-04-2020
JUSTICIA |
PRESOS Y CORONAVIRUS, OPINIONES Y DEFINICIONES
Por la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a atender la situación carcelaria de quienes estén en situación de riesgo. Alberto Fernández sostuvo su posición. Conocé las las posiciones más relevantes.
(29-04-2020)- El pasado 31 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió a los Estados a enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.
Este comunicado de la CIDH llevó a que en muchos países del mundo se dictaran órdenes para liberar a presos en situación de riesgo frente al coronavirus. Por ejemplo, en Nueva York, el 1 de abril, el alcalde Bill de Blasio anunció la liberación de 900 presos “no violentos”. En México, en tanto, el Congreso aprobó el 21 de abril una ley de amnistía que autoriza la excarcelación de presos, una iniciativa que fue impulsada por el gobierno de Andrés Manual López Obrador. En Italia, asimismo, ante la difusión del coronavirus en las cárceles, se tomaron dos medidas: por un lado, se construyeron salas especiales para atención de los contagiados dentro de los penales; pero por otro, se ordenó que muchos enfermos sean atendidos fuera de prisión a fin de aislarlos.
La situación en la Argentina. Hasta el momento, se calcula que salieron 753 presos de las cárceles bonaerenses y otros 200 de cárceles federales, aunque los pedidos de excarcelaciones, según fuentes judiciales, son muchos más. En su mayoría, los liberados no cumplían penas por delitos graves y, por su edad o por sus problemas de salud, fueron considerados como grupos de riesgo de contagio del coronavirus.
El presidente Alberto Fernández sostuvo su "oposición a ejercer la facultad del indulto", aduciendo a "una campaña mediática que se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados", escribió en sus redes.
A través de su cuenta del Pajarito, Fernández dice formular esas "aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales".
Y agregó lamentar "la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida".
Por otra parte, el especialista Mauro Benente, doctor en Derecho y funcionario del Ministerio de Justicia bonaerense, aportó algunos datos interesantes: en la Provincia de Buenos Aires la superpoblación es el problema más urgente, no tanto por la ausencia de unidades penitenciarias sino por la enorme tasa de prisionización. En la Provincia de Buenos Aires la tasa es de alrededor de 310 personas por cada cien mil habitantes, mientras que en el resto del país (excluyendo Buenos Aires) es de alrededor de 120 por cada cien mil.
Para Benente, “la superpoblación es una situación dramática con raíces estructurales, pero también con responsabilidades que se pueden identificar. De acuerdo a cómo se compute, en la Provincia de Buenos Aires hay entre 24.000 y 31.000 plazas, y mientras en diciembre de 2015 había unas 33.000 personas privadas de libertad en cárceles, en 2019 el número ascendía a 45.000. Durante esos cuatro años hubo una política de furioso encarcelamiento, en general de delitos muy menores, cuyos responsables –más allá de las cuestiones estructurales- tienen nombre y apellido”.
10 opiniones sobre las excarcelaciones
"No es un problema solo de la Argentina. Hablemos con seriedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó que los estados debemos atender la salud de los que están presos y ahí recomiendan la prisión domiciliaria o las pulseras electrónicas. El mundo entero aborda este problema". Alberto Fernández, presidente de la Nación.
"Algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable. Estoy sacando una instrucción a la Oficina de Victimas para que, en los casos que los jueces incumplan la ley de víctimas y no den vista a la víctima, a su abogado, y procedan a la liberación de los delincuentes, vamos a iniciarle juicio político porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
"Puedo confirmar que no hay orden política de liberación masiva de detenidos. Se está considerando aquellos casos de alto riesgo dentro de los penales, porque ante una posible circulación del virus en las cárceles, de no tomarse una medida como la prisión domiciliaria, "implicaría una masacre". Teresa García, ministra de Gobierno bonaerense.
“El plan de los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que van, que los largan de las cárceles de distintos sectores, y te van patrullando y te van tomando tu capital, y te van amenazando. No es joda. Acuérdense cómo Cuba tenía militarizados a todos los jóvenes y en otras épocas se largaba a los presos para sumarlos al ejército". Felicitas Beccar Varela, senadora bonaerense por Juntos por el Cambio.
“La verdad es que es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia porque las cárceles dependen por un lado administrativamente del Ministerio de Justicia, y la libertad de cada uno de los presos depende de los jueces. Por suerte para los presos no depende de mi opinión, porque no sale ninguno”. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
"Niego categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos. La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias. Los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial. Asimismo de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales. El Poder Ejecutivo provincial no está facultado para peticionar o decidir sobre libertades o morigeraciones de pena de los privados de libertad". Julio Alak, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
"El pedido de liberación" para ex funcionarios como Ricardo Jaime "abre la puerta para que todos los presos quieran salir.". Patricia Bullrich, dirigente de Juntos por el Cambio.
“La resolución dictada el pasado 15 de marzo instruyó a los defensores para que "analizaran todos los casos de universo de riesgo. De allí se estableció, que dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense ese grupo está "integrado por 2.300 personas, de 65 años o patologías previas", y después de analizar esa estadística "los defensores debían ver qué penas estaban cumpliendo y por qué delitos, y luego solicitar domiciliarias o morigeraciones" de penas.". Julio Conte Grand, procurador general de Buenos Aires.
"Nos oponemos rotundamente a la liberación de presos que generen riesgos a la sociedad y a sus víctimas. Los presos tiene que cumplir sus condenas y los que tengan preventiva seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados". Comunicado de Juntos por el Cambio.
“Más del 50% de los detenidos no tienen condena. Lo que se está buscando es un mecanismo en el cuál se pueda preservar la salud de las personas que están presas y no son un peligro para la sociedad", opinó Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias.
